La Junta de Castilla y León, encabezada por el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha anunciado su firme oposición a la reciente sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, con sede en Valladolid, que ordena el desmantelamiento de las pistas de esquí de Navacerrada. En un giro legal, la Junta defenderá el interés público y general de la región ante el Tribunal Supremo, desafiando la solicitud del Gobierno de España para cerrar las instalaciones.
La disputa surge tras la solicitud de renovación de concesión por parte de la empresa gestora de la estación de esquí y la petición de la Junta para que la concesión se interrumpiera por el tiempo de las medidas por la pandemia de COVID-19. La sentencia, emitida el 31 de enero de 2024, insta a la Junta a declarar el cierre de las pistas, desencadenando la resistencia legal por parte de la administración autonómica.
La Junta, al declarar su falta de competencia para resolver las solicitudes, se encuentra en un enfrentamiento legal con el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que ordena el cierre de las pistas, desafiando las objeciones planteadas durante el proceso.
La sentencia no solo exige a la Junta de Castilla y León la tramitación de la solicitud, sino que la condena a declarar la caducidad del título concesional y tomar medidas para la retirada de instalaciones, imponiendo el resultado del proceso administrativo. La Junta, en defensa de la existencia de la estación de esquí desde hace casi 90 años, anunciará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
