30 de octubre de 2023 – La Guardia Civil, en colaboración con el SEPRONA, ha llevado a cabo una investigación que ha culminado con la sorpresa y posterior imputación de un individuo, identificado como JLG de 44 años y residente en Extremadura, por su presunta implicación en el expolio del Patrimonio Histórico. El individuo fue descubierto en plena acción en un yacimiento arqueológico catalogado en el término municipal de Villarmentero, donde utilizaba una azada y detectores de metales para remover el terreno en busca de piezas arqueológicas.
La investigación se inició tras recibir información sobre actividades sospechosas en la zona durante el mes de agosto, lo que llevó a una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Burgos a investigar el asunto. En el lugar, los agentes sorprendieron al individuo realizando excavaciones ilegales con una azada y ayudado por detectores de metales. Tras una entrevista con el implicado, se confirmó que no contaba con la debida autorización para llevar a cabo dicha actividad, por lo que los utensilios utilizados fueron confiscados.
Una inspección en el yacimiento reveló la existencia de al menos 14 hoyos recién excavados. En las pertenencias del sospechoso se encontraron varias piezas y objetos metálicos, algunos de notable antigüedad, incluyendo una moneda que posteriormente fue identificada por el Museo de Burgos como un sestercio de cobre de origen romano, datado en la época de Trajano. La falta de autorizaciones para la excavación arqueológica y la omisión de notificar el hallazgo a las autoridades de Patrimonio llevaron a la investigación de JLG por su presunta implicación en un delito relacionado con el Patrimonio Histórico.
En virtud del Código Penal, el delito de expolio puede conllevar penas de hasta 3 años de prisión y una multa de 24 meses en su grado máximo.
Las autoridades hacen hincapié en la importancia de obtener autorizaciones previas para llevar a cabo actividades arqueológicas y el uso de detectores de metales. Ante un hallazgo accidental de un bien arqueológico, se subraya la obligación de detener la actividad y notificarlo de inmediato a la Dirección General competente en materia de Patrimonio y Bienes Culturales.
Asimismo, se insta a la población a no fomentar el comercio de obras de arte, antigüedades o objetos arqueológicos de posible procedencia ilícita o expolio.
