En un esfuerzo por modernizar la legislación vigente y brindar una mayor protección a los 332,000 menores de 18 años en Castilla y León, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha presentado el anteproyecto de la Ley de Infancia y Adolescencia. Esta propuesta, respaldada por expertos, profesores universitarios y organizaciones como UNICEF y la Plataforma de Organizaciones de Infancia de Castilla y León, busca establecer un marco equilibrado de derechos y deberes, así como un sistema de protección contra la violencia.
El anteproyecto, en línea con las declaraciones previas del presidente Mañueco en el parlamento, tiene como objetivo agilizar el proceso de adopción, especialmente para los menores más vulnerables. La norma propuesta refleja un consenso y una adaptación necesaria a los nuevos contextos y dinámicas, tanto a nivel nacional como internacional.
Uno de los aspectos destacados es la simplificación del procedimiento de adopción y acogimiento, con un enfoque especial en los menores mayores de 10 años, aquellos con discapacidades y perfiles más complejos. La ley también incentiva la integración familiar de hermanos y refuerza la formación de las familias de acogida para atender a distintos perfiles de menores.
La Junta, que ha mostrado un compromiso firme con los acogimientos familiares, propone compensaciones económicas a las familias, incluyendo beneficios extras que podrían mantenerse después de alcanzar la mayoría de edad de los menores.
Además, el anteproyecto aborda la preparación para la vida independiente a partir de los 14 años, brindando apoyo socioeducativo, laboral y en habilidades personales. También destaca la importancia de la guarda con fines de adopción y la introducción del concepto de ‘adopción abierta’ para garantizar estabilidad familiar a los menores.
La normativa se centra en el principio rector del interés superior del menor, reconociéndolos como sujetos de derechos. La protección integral abarca derechos fundamentales, sociales y establece deberes para los menores en relación con sus iguales.
En cuanto a la protección frente a la violencia, la ley regula derechos específicos en el entorno digital y establece prioridades para los colectivos más vulnerables, como aquellos con discapacidades o en riesgo de exclusión social.
Con estas medidas, la nueva Ley de Infancia y Adolescencia busca mejorar la situación de los menores en Castilla y León, brindando un marco legal más actualizado y adaptado a las necesidades actuales.
