La Delegación del Gobierno en Castilla y León ha anunciado las medidas que tomará el Gobierno de España en respuesta a la proposición de Ley de Concordia presentada por la coalición PP-VOX en varias comunidades autónomas, incluyendo Aragón, Castilla y León y la Comunitat Valenciana, en contraposición a los principios establecidos en la ley de Memoria Democrática.
Ante esta situación, el Gobierno español actuará en diversas instancias tanto nacionales como internacionales para abordar la gravedad de la cuestión.
En primer lugar, se elevará la preocupación ante Naciones Unidas, recurriendo al Relator especial sobre Verdad, Justicia y Reparación y al Relator de Ejecuciones Extrajudiciales, con el fin de evaluar la conformidad de estas medidas con los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos.
Asimismo, se impulsarán iniciativas en el Parlamento Europeo para su debate y votación por parte del Grupo S&D, y se invocará la atención del Consejo de Europa, destacando posibles violaciones al Convenio de Derechos Humanos.
Dentro de las acciones a promover en el Consejo de Europa, se incluirá un debate urgente en la Asamblea Parlamentaria, informando a la Secretaría General y al Comisario de Derechos Humanos sobre la situación, además de solicitar la elaboración de un Informe sobre la memoria democrática en España ante la aprobación de leyes de derogación por parte de gobiernos autonómicos de PP y Vox.
