La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha rechazado los primeros recursos que buscaban responsabilizar económicamente a la Junta de Castilla y León por los daños sufridos en el sector hostelero debido a las restricciones impuestas durante la pandemia de COVID-19.
La sentencia, emitida el 24 de febrero de 2024, desestima las demandas que alegaban que las medidas aplicadas para contener la propagación del virus generaban derechos de indemnización. El Tribunal Supremo respalda la postura de los Servicios Jurídicos de la Junta, argumentando que las restricciones eran necesarias, adecuadas y proporcionadas, y que no generaron derecho a compensación por posibles perjuicios.
La sociedad en su conjunto, según la sentencia, tuvo que soportar las decisiones gubernamentales para preservar la salud y la vida ciudadana. La reparación de daños, si es procedente, debería canalizarse a través de las amplias ayudas públicas concedidas, en lugar de la responsabilidad patrimonial.
La sentencia destaca que las medidas estaban en línea con la Ley General de Salud Pública y que la Administración no está obligada a indemnizar los gastos causados por medidas para preservar la salud pública. Además, se subraya la falta de evidencia por parte de los demandantes de que las medidas carecieran de justificación, idoneidad y razonabilidad, especialmente en situaciones de riesgo para la salud humana.
La resolución judicial concluye que no se trató de una privación singular de bienes o derechos, sino de restricciones temporales generales impuestas para preservar la salud y la vida ciudadana. Se destaca que la actividad de la Administración no vulneró principios como confianza legítima, eficacia, seguridad jurídica, proporcionalidad, motivación y buena regulación.
El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, celebró la desestimación de los recursos, afirmando que la respuesta a la situación fue adecuada considerando la incertidumbre del momento.
