En un esfuerzo por potenciar la inserción laboral de beneficiarios de la Renta Garantizada de Ciudadanía, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, supervisó en la sede de la Fundación Red Íncola dos de los itinerarios de empleo financiados por la Junta con 2,5 millones de euros. Esta iniciativa, que abarca 139 acciones formativas, beneficiará a más de 2.200 personas en Castilla y León.
La Renta Garantizada de Ciudadanía, esencial en el sistema de protección social autonómico, beneficia a personas sin empleo que cumplen ciertos requisitos. Aunque en 2023 alcanzó a 3.700 beneficiarios, la Junta no solo otorga esta ayuda básica, sino que también impulsa activamente la inserción laboral de quienes la reciben.
Blanco destacó la importancia de estos itinerarios, destinados a mejorar las condiciones de vida de los beneficiarios mediante la consecución de empleo. Los itinerarios incluyen formación en sectores como la atención sociosanitaria y operaciones de grabación y tratamiento de datos.
Con una inversión de 2,5 millones de euros, co-financiados por la Junta y la Unión Europea, se han aprobado 139 acciones formativas que beneficiarán a más de 2.200 castellanos y leoneses. Uno de los requisitos para acceder a estos itinerarios es ser perceptor de la Renta Garantizada de Ciudadanía.
En los itinerarios, se articulan grupos de 12 a 16 personas y se desarrollan durante al menos cinco meses. Los participantes reciben información y orientación laboral, competencias digitales, formación específica del sector, y finalizan con un certificado de profesionalidad. En el caso de Red Íncola, también incluye prácticas no laborales en empresas del sector.
El 45% de los participantes en itinerarios del año pasado encontraron empleo, llegando al 55% en el caso de la formación en atención sociosanitaria. Blanco resaltó el compromiso de la Junta en la lucha contra la pobreza y la exclusión social, promoviendo una sociedad más justa.
La Renta Garantizada de Ciudadanía forma parte de la Red de Protección a las Familias, creada en 2018. Esta red, con un gasto de más de 217,5 millones de euros en 2022, atendió a casi 280.000 familias, enfocándose en cubrir necesidades básicas y facilitar el acceso al empleo para su integración.
No debería hacer falta invertir en nada así. Lo normal sería que el paro les mandase ofertas de empleo y a quien la rechazase se le retirase la ayuda. Esto es suponiendo que el servicio de desempleo por una vez en la historia funcionase