La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha respondido a las recientes afirmaciones de la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, sobre una resolución judicial vinculada al caso «Tsunami Democràtic». La declaración institucional, aprobada por unanimidad el viernes 19 de enero, busca salvaguardar la independencia judicial frente a críticas políticas.
En una entrevista con TVE, Ribera sugirió una «implicación política importante» del magistrado instructor del caso, Manuel García Castellón, generando inquietudes sobre la imparcialidad en la causa por presunto delito de terrorismo contra miembros de «Tsunami Democràtic».
La Comisión Permanente, respetando el derecho a la libertad de expresión, reafirmó la misión del Poder Judicial de garantizar el cumplimiento de la ley y defender los derechos de los ciudadanos españoles, fundamentales para el Estado Social y Democrático de Derecho.
Considerando estas declaraciones contrarias al principio de lealtad institucional y al respeto a la independencia judicial, la Comisión expresó su preocupación por el impacto en la confianza ciudadana en la Justicia y en la institucionalidad, especialmente en el contexto de una investigación en curso.
En un llamado a la moderación y la responsabilidad institucional, la Comisión instó a evitar la politización de la Justicia y el cuestionamiento de la independencia, imparcialidad y profesionalidad de los jueces y magistrados.
