Redacción.- Los tribunales de España han llevado a cabo al menos 1.205 reducciones de pena en aplicación de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual. Estos datos, recabados hasta el 1 de septiembre, provienen del Consejo General del Poder Judicial del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores de Justicia y las Audiencias Provinciales, y han generado un total de al menos 121 excarcelaciones.
La Comisión Permanente tomó la decisión de actualizar y hacer públicos estos datos el 2 de marzo pasado, a través de la Oficina de Comunicación del Consejo General del Poder Judicial.
Para comprender plenamente la magnitud de estos números, es esencial considerar varios aspectos clave:
1. Alcance de la Ley: Los datos abarcan reducciones de pena, absoluciones y excarcelaciones desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 10/2022 el 7 de octubre de 2022 hasta la «fecha de actualización».
2. Absoluciones: Todas las absoluciones se relacionan con la destipificación del delito de abuso sexual cometido mediante engaño con menores de entre 16 y 18 años, castigado en el artículo 182.2 del Código Penal anterior a la reforma operada por la LO 10/2022.
3. Revisiones a la Baja: Los territorios que han comunicado el dato incluyen el porcentaje de revisiones a la baja de las condenas inicialmente impuestas respecto al total de sentencias revisadas.
4. Audiencias Provinciales: Los datos de las Audiencias Provinciales se refieren exclusivamente a revisiones de pena y no incluyen sentencias de instancia en casos previos a la entrada en vigor de la LO 10/2022.
5. Tribunales Superiores de Justicia: Estos datos abarcan resoluciones dictadas en recursos de apelación contra sentencias de instancia o resoluciones de las Audiencias Provinciales en el trámite de revisión de penas.
6. Tribunal Supremo: Los datos del Tribunal Supremo se relacionan con resoluciones dictadas en recursos de casación.
Es importante destacar que estos datos no incorporan las revisiones de pena que podrían haber sido tramitadas por los Juzgados de lo Penal, ya que son competentes para enjuiciar delitos contra la libertad sexual penados con hasta cinco años de prisión y la información de estos órganos unipersonales es difícil de recabar.
Que vergüenza!! Dimisión ya
Rubiales DIMISIÓN!!!
Es lo que quieren, que no baje el número de violaciones y asesinatos para poder justificar sus puestos, sólo les importa el dinero.