Redacción.-
La Consejería de Industria, Comercio y Empleo de Castilla y León ha anunciado que la Dirección General de Comercio y Consumo ha logrado resolver más de mil reclamaciones de consumidores en el ámbito de la energía y las telecomunicaciones durante el primer semestre de 2023.
El periodo comprendido entre enero y junio del presente año ha sido testigo de una destacada actividad en la resolución de conflictos de consumidores, con un enfoque particular en asuntos relacionados con las facturas de gas y electricidad, especialmente aquellas que afectan a colectivos vulnerables.
Durante este primer semestre de 2023, se presentaron un total de 2.900 solicitudes de arbitraje ante la Junta Arbitral, una entidad dependiente de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo que opera dentro del Sistema Arbitral de Consumo nacional. Esta junta tiene jurisdicción en toda la Comunidad de Castilla y León, en virtud de acuerdos vigentes desde 2021 con la Administración del Estado y la mayoría de los ayuntamientos de las capitales de provincia.
La Junta Arbitral de Consumo de Castilla y León, además de estar acreditada para resolver litigios en línea ante la Unión Europea desde 2018, ha experimentado un crecimiento sustancial en su actividad desde el inicio de la pandemia en 2020. Hasta la fecha de julio de 2023, el aumento en comparación con años anteriores se ha elevado en un 43 %.
Este incremento se atribuye en gran medida a la avalancha de reclamaciones presentadas por consumidores de Castilla y León, especialmente relacionadas con facturas de gas y electricidad, que representan el 59 % del total de reclamaciones admitidas. Este fenómeno ha desplazado a las tradicionales reclamaciones sobre telefonía, que hasta ahora eran predominantes.
Las estadísticas reflejan el malestar de los consumidores con la evolución del sector energético, que está afectando de manera desproporcionada a grupos particularmente vulnerables, como los adultos mayores. Estos grupos a menudo enfrentan dificultades para comprender y adaptarse a los cambios normativos que han afectado al sector energético en España, incluyendo los nuevos modelos de contratos y formas de facturación introducidos por las empresas suministradoras.
El arbitraje de consumo se presenta como una alternativa legal al sistema judicial tradicional para resolver disputas entre consumidores y empresas, siempre que ambas partes lo acepten de forma voluntaria. Una de sus características clave es que la resolución emitida por el tribunal arbitral es definitiva y vinculante para ambas partes, lo que significa que el conflicto no puede ser llevado a ningún otro tribunal. En caso de que una de las partes no cumpla con la decisión, la otra tiene el derecho de exigir su ejecución ante un tribunal de primera instancia.
Este servicio ofrece dos ventajas significativas en comparación con la vía judicial: es gratuito y ágil. El procedimiento no conlleva costos para las partes, y el plazo promedio para emitir un fallo es de dos meses a partir de la designación del tribunal arbitral. Actualmente, 3.157 empresas en Castilla y León están afiliadas a la Junta Arbitral autonómica, que resolvió 2.770 solicitudes el año pasado en 2022.
La Consejería de Industria, Comercio y Empleo ha implementado medidas estructurales para promover el arbitraje de consumo como un medio efectivo para resolver disputas entre consumidores y empresas. Entre las medidas adoptadas en 2022 se encuentra la creación de una estructura administrativa específica y diferenciada para la Junta Arbitral dentro de la Dirección General de Comercio y Consumo. Además, se han introducido nuevos formularios en el Portal de Consumo de la Junta de Castilla y León, facilitando el proceso para los consumidores y se ha mejorado la accesibilidad al procedimiento arbitral a través de medios electrónicos. A fecha de julio de 2023, el 15 % de todas las reclamaciones de arbitraje se presentan directamente a través del sitio web de la Junta Arbitral de Consumo de Castilla y León.
La Junta Arbitral de Consumo de Castilla y León continúa desempeñando un papel crucial en la resolución de disputas entre consumidores y empresas en el ámbito de la energía y las telecomunicaciones, ofreciendo una alternativa eficiente y gratuita a la vía judicial tradicional.
