El reparto del botín «Han entrado en la puja sabiendo que Pedro Sánchez se ha apropiado del bien que tiene la obligación de custodiar»

Rosa Díez

Subasta: Procedimiento de venta donde los interesados compiten entre si para adjudicarse un bien o servicio que es subastado.
Pedro Sánchez comenzó a hacer las llamadas para iniciar la subasta la misma noche de las elecciones. Hoy sabemos que los movimientos para fijar el precio no se dejaron esperar, y que en los aledaños del primer perdedor se abrieron las pujas nada más constatarse que la suma de los perdedores podía dar una nueva victoria a quien en el 2020 se hizo con la Presidencia del Gobierno de España al conseguir 167 votos positivos frente a 165 negativos y dieciocho abstenciones. Todos los socios/cómplices del gobierno que surgió tras esa votación (a excepción de los filoetarras de Otegi) han perdido posiciones en estos casi cuatro años desde que hicieron presidente a Pedro Sánchez; pero ellos saben que todos juntos pueden conseguir su objetivo principal que no es otro que abaratar el precio del bien a subastar, eso es de la nación democrática que surgió de la aprobación de la Constitución Española de 1978.

La subasta se ha puesto en marcha con un único reclamo: el bien a subastar es la nación. Y los compradores han entrado en la puja sabiendo que Pedro Sánchez se ha apropiado del bien que tiene la obligación de custodiar, pues al invitarles a la subasta en la noche del 23J ya les dejó claro que, aunque la regla democrática indica que un Presidente del Gobierno es únicamente el custodio por tiempo limitado del bien a proteger, él esta dispuesto a expropiarlo a sus legítimos propietarios. Quienes pujan saben que Sánchez no va de farol y que si le dejamos, lo hará; no en vano ha utilizado el tiempo que le dieron cuando le hicieron Presidente para ir demoliendo, paso a paso, los contrapoderes democráticos que podían impedir la venta de lo que es propiedad de todos los españoles.

Y aquí estamos, asistiendo perplejos –o distraídos, o resignados, o ausentes, o impotentes…- contemplando cómo en la berrea entre los machos alfa los enemigos de la Nación tratan de repartírsela para conseguir llevar a cabo su programa máximo y destruir la nación de ciudadanos libres e iguales.

Leo estos días que la suerte está más o menos echada y que el candidato que ganó las elecciones en las urnas y que ha sido designado por el Rey para intentar ser investido Presidente está abocado a perder en el debate de investidura porque él, dicen, no puede ceder a los ávidos pujadores de la subasta lo mismo (en cantidad y contenido) que Sánchez si está dispuesto a mercadear. Creo que estamos ante una imprecisión del lenguaje que termina pervirtiendo el concepto. Vender lo que no es de tu propiedad no es ceder; vender lo que no es propio es usurpar, es robar. La nación es propiedad de todos los españoles que la poseemos en usufructo y nadie puede disponer de ella en nuestro nombre y sin nuestra autorización expresa. Trocear la nación, devaluando el papel de las instituciones que la representan no solo es un atraco a nuestra Constitución, sino que lo esa todos y cada uno de nosotros, ciudadanos españoles que somos sus propietarios y tenemos el derecho a opinar y a negar o autorizar la expropiación.

Ciertamente que todos aquellos a los que Sánchez ha invitado a la subasta han dejado claro a lo largo de los años –y también durante la campaña- que su programa máximo es la destrucción de la propiedad común de los españoles, del entramado constitucional que representa y proclama la libertad y la igualdad de todos los ciudadanos al margen de la parte de España en de la que seamos vecinos, de nuestro sexo, de nuestra ideología o de nuestra condición social. Pero no recuerdo que el PSOE haya proclamado durante la campaña que estaba dispuesto a reconocer que España no era una democracia y que, por tanto, el Estado está en deuda con los demócratas que utilizaron las instituciones catalanas para dar un golpe contra la Constitución, que robaron el dinero de todos los españoles, que persiguieron a los defensores de la democracia-desde jueces a policías pasando por ciudadanos que defienden su derecho a ejercer como tales serlo-, que amenazaron y ocuparon las instituciones de forma violenta.

Ya sé que a la inmensa mayoría de los ocho millones de españoles que han votado al PSOE para que Sánchez siguiera siendo presidente del Gobierno le importa una higa que el peaje a pagar sea el trozo de España del que son copropietarios, entre otras cosas porque la campaña socialista desde que Zapatero llegó al poder les ha convertido en ovejas de la secta y les parece mucho mejor tener a un terrorista en el puente de mando del Estado antes que a un demócrata de derechas al frente el Gobierno de España. Pero me pregunto si entre los 122 diputados que consiguió el PSOE no habrá ninguno dispuesto a cumplir y respetar la Constitución al completo. Digo esto porque he escuchado a dirigentes del PSOE y del Gobierno (Vara y el Ministro Bolaños entre otros) que tildaban al PP de «traidor» de «fomentar el transfuguismo» por pedir a los diputados – también a los elegidos en las candidaturas del PSOE- que actúen en conciencia. Resulta desalentador que uno de los partidos que redactó la Constitución desprecie la letra y el espíritu de la misma, plasmados en sendos artículos, el 67.2: «Los miembros de las Cortes no estarán ligados por mandato imperativo», y el 79.2 que señala que «el voto de senadores y diputados es personal e intransferible».

Artículos, por cierto, que son homologables con los de las constituciones democráticas de todo el mundo; solo hay que recordar cómo en países de nuestro entorno como Alemania y Francia los sucesivos Gobiernos, de todos los signos, han de hacer encaje de bolillos para conseguir el voto favorable de los diputados que lo sostienen, pues ninguno de ellos está dispuesto a que se reduzca su papel a la condición de simple destinatario de una decisión tomada en el seno de la dirección de su partido sin respetar su participación activa en la toma de decisión; y mucho menos a que el criterio que se adopta y para el que se le exige obediencia de voto resulta contrario a aquel por y para el que pidieron el voto a los ciudadanos. Porque, insisto: los votantes del PSOE no fueron alertados de que este partido estaba dispuesto a declarar presos políticos a los golpistas y, por supuesto, a los terroristas que aún hoy han formado parte de las candidaturas de Bildu.

Mientras tanto el subastador sigue dando pasos en la dirección prometida a los pujadores cuando fueron llamados en la noche/madrugada del 23J: la Guardia Civil es excluida de la protección de la vuelta Ciclista a España (no solo en Cataluña, también en Andorra…); Marruecos coloca oficialmente a Ceuta y Melilla en el mapa oficial de su territorio mientras el Gobierno de España calla y otorga; la prensa concertada tapa la detención de un delincuente sexual que estaba a punto de violar a otra mujer y que fue liberado gracias a la ley de la que Sánchez presumió internacionalmente y cuya reforma no votó; lo particular suplanta a lo común y se consideran lenguas oficiales de toda España a las que lo son en alguna de sus comunidades autónomas mientras que a la lengua común se le considera «extranjera» en aquellas comunidades autónomas que tienen otra lengua «propia»; se cuestiona el procedimiento constitucional de la investidura, como si quien hoy preside el Gobierno de España no contara entre sus méritos haber sido el primer candidato que fracasó no una sino cinco veces consecutivas en ese intento… En fin, que mientras nosotros andamos entretenidos «debatiendo» sobre lo que deciden los que mandan – lo que no sale en la tele no existe- ellos andan fijando el precio del botín.

Me pregunto si no habrá algún diputado electo en las candidaturas del PSOE que considere que el patriotismo constitucional está por encima del nacionalismo de partido. Me pregunto si no habrá nadie en el PSOE dispuesto a decir NO a la decisión de su jefe de someter a España a las pretensiones del supremacismo nacionalista e independentista. Me pregunto si no habrá nadie entre esos 122 socialistas electos el 23J que esté dispuesto a hacerse respetar, ejercer su derecho constitucional plasmado en los citados artículos de la CE y actuar en conciencia.