Redacción.- La violencia de género ha vuelto a experimentar un preocupante incremento durante el segundo trimestre del año en España. Según datos recopilados en el «Informe trimestral sobre Violencia de Género» publicado por el Observatorio de Violencia Doméstica y de Género, se registraron 48,227 denuncias en los juzgados, un aumento del 5,43% en comparación con el mismo período del año anterior.
El documento también revela que el número de mujeres víctimas de violencia de género ascendió a 47,063, lo que representa un aumento del 5,66% en comparación con el mismo trimestre de 2022. Esto significa que 19,2 de cada 10,000 mujeres en España sufrieron violencia de género durante este trimestre.
Además, los órganos judiciales acordaron un total de 12,763 órdenes de protección, lo que representa el 69,8% de las solicitudes presentadas. Destacable es el hecho de que diez de cada cien víctimas se acogieron a la dispensa del deber de declarar, un total de 4,742 mujeres, lo que refleja un aumento del 13,8% en comparación con el año anterior. Además, los órganos judiciales emitieron un total de 15,393 sentencias, y el 80,73% de estas sentencias resultaron en condenas para los agresores.
Las mismas fuentes destacan que dos de cada tres víctimas (el 65,35%) son de nacionalidad española, mientras que el 34,65% restante proceden de otros países. El número de víctimas menores tuteladas durante este trimestre fue de 136, una cifra un 16% más baja que en el mismo trimestre de 2022, pero un 17,2% más alta que en el primer trimestre de este año.
La tasa de víctimas de violencia de género por cada 10,000 mujeres volvió a aumentar, situándose en una media nacional de 19,2 en el segundo trimestre, en comparación con las 18,4 del mismo período del año anterior y las 16,6 del primer trimestre de 2021.
A nivel regional, Baleares, Murcia, Comunidad Valenciana, Canarias, Andalucía, Madrid y Navarra superaron la media nacional en términos de tasas de víctimas por cada 10,000 mujeres. Por otro lado, Galicia, Castilla y León, Asturias, País Vasco, Cataluña, Castilla-La Mancha, La Rioja, Cantabria, Aragón y Extremadura tuvieron tasas inferiores a la media nacional.
Los porcentajes de denuncias presentadas en función de quién fue el denunciante se mantuvieron prácticamente sin variaciones durante el trimestre analizado. Así, una vez más, en dos de cada tres casos (34.089, el 70,68 %), las denuncias fueron presentadas por la propia víctima bien en el juzgado bien en comisaría.
Muy inferiores en número volvieron a ser las denuncias presentadas por el entorno de la víctima (891), que apenas alcanzaron el 1,85 % del total. Aumentaron levemente las denuncias derivadas directamente de atestados policiales y las originadas por parte de lesiones, que representaron el 15,73 y el 8,19 por ciento, respectivamente, y, por último, las presentadas por terceras personas (1.712) representaron el 3,55 por ciento del total.
Diez de cada 100 víctimas renunciaron a declarar contra su agresor
El porcentaje de víctimas que se acogieron a la dispensa de la obligación legal de declarar aumentó de forma significativa, un 13,8 % con respecto al mismo periodo de 2022, lo que supone que tomaron esta decisión 10 de cada cien mujeres víctimas. En el trimestre analizado fueron 4.742 las mujeres víctimas que renunciaron a declarar contra su agresor; de ellas, 2.665 (el 56,2 %) eran españolas y 2.077 (el 43,8 %) tenían otras nacionalidades.
Se adoptaron 7 de cada 10 órdenes de protección solicitadas
Entre abril y junio de este año se solicitaron en los órganos judiciales un total de 12.763 órdenes de protección, un 2,08 % más que hace un año. De ellas, 10.606 fueron incoadas por los juzgados de violencia sobre la mujer y 2.157 por los juzgados en funciones de guardia.
Las órdenes de protección adoptadas sumaron en total 8.915, un 2,9 % más que hace un año. Es decir, al igual que en el segundo trimestre de 2022, se acordaron siete de cada diez (69,8 %) órdenes de protección solicitadas. Los juzgados de violencia sobre la mujer adoptaron 7.284, el 68,7 % de las solicitudes que recibieron, mientras que los juzgados de guardia acordaron 1.631, el 76 % de las solicitudes registradas.
En el 47,1 % de los casos, la relación de pareja (cónyuge o relación afectiva) se mantenía en el momento de solicitud de la orden de protección al órgano judicial. Dos de cada tres mujeres (6.673, el 63,8 %) que pidieron protección eran españolas y 226, el 2,1 % del total contando españolas y extranjeras, eran menores de edad.
Medidas judiciales penales y civiles de protección
Los órganos judiciales acordaron también, derivadas de las órdenes de protección y de otras medidas cautelares, un total de 16.352 medidas judiciales penales de protección de las víctimas (mujeres y menores). En el ámbito penal, las más frecuentes fueron las órdenes de alejamiento (6.168), que representaron el 65,86 % del total de órdenes de protección y medidas cautelares acordadas, y la prohibición de comunicación (6.110), un 65,68 por ciento del total.
Asimismo, los órganos judiciales dictaron 5.354 medidas cautelares civiles, cuya finalidad es la protección de la mujer y de los menores en tanto se resuelve el proceso penal. Las más frecuentes fueron las relacionadas con la prestación de alimentos (1.692), que representaron el 21,73 % del total de medidas civiles adoptadas, y las relacionadas con la atribución de la vivienda (1.128), el 14,46 % del total. En ambos casos, los porcentajes descendieron levemente con respecto a 2022.
Durante el segundo trimestre de este año también se acordaron 1.011 medidas civiles de suspensión del régimen de visitas. Este tipo de medidas, que representaron el 12,73 % del total de las medidas civiles adoptadas, fueron un 15,2 % menos que en el mismo trimestre de 2022. Los órganos judiciales adoptaron 611 medidas civiles consistentes en la suspensión de la guardia y custodia, cifra que representa el 7,61 % del total de medidas civiles acordadas en el periodo analizado y que ha supuesto un incremento del 4,4 % con respecto al año anterior; asimismo, acordaron 61 medidas específicas de protección del menor para evitar un peligro o perjuicio y, en 115 casos, suspendieron la patria potestad.
El número total de sentencias dictadas en el trimestre fue muy similar al de hace un año al situarse en 15.393. De ellas, 11.427 (el 80,73 %) fueron condenatorias y 2.966 (el 19,27 %), absolutorias. El mayor porcentaje de condenas a maltratadores se produjo, como en años anteriores, en los juzgados de violencia sobre la mujer, con el 92,85 por ciento. Fue en estos órganos judiciales donde, además, se incrementó sensiblemente el número de sentencias dictadas: las 7.291 que se notificaron en el trimestre fueron un 14,6 % más que hace un año.
Las audiencias provinciales impusieron condenas en el 85 % de los casos y los Juzgados de lo Penal, en el 69,59 por ciento.
- Juzgados de violencia sobre la mujer
Los juzgados de violencia sobre la mujer celebraron entre abril y junio de este año un total de 1.791 juicios sobre delitos leves, un 7,8 % menos que en el mismo periodo de 2022 (1.943). De ellos, 731 (el 41 %) fueron de enjuiciamiento inmediato. Del total de delitos leves enjuiciados en el trimestre, un 36 % fueron injurias y un 42 por ciento, vejaciones injustas.
Estos órganos judiciales ingresaron a lo largo del primer trimestre del año 65.035 asuntos penales, siendo el 61,8 % de los delitos instruidos los de lesiones y malos tratos previstos en los artículos 153 y 173 del Código Penal.
El número de demandas civiles presentadas por las mujeres víctimas de violencia machista -en su mayoría divorcios no consensuados y medidas relativas a la guarda y custodia o alimento de hijos e hijas- ascendieron a 6.430, una cifra prácticamente idéntica a la registrada en el segundo trimestre de 2022.
- Juzgados de lo Penal
Los juzgados de lo Penal, que enjuician delitos castigados con hasta cinco años de prisión, recibieron 8.798 asuntos en el trimestre analizado y resolvieron 8.377. El número de sentencias dictadas por estos órganos fue de 7.982, de las cuales fueron condenatorias 5.555 (69,59 %).
- Audiencias Provinciales
Las Audiencias Provinciales, cuyas secciones especializadas en violencia sobre la mujer enjuician los delitos más graves, castigados con penas privativas de libertad superiores a cinco años, dictaron 120 sentencias, de las que 102 (85 por ciento) fueron condenatorias.
- Juzgados de menores
Por su parte, entre abril y junio de este año los juzgados de menores enjuiciaron por delitos de violencia sobre la mujer a 87 menores de edad (hace un año fueron juzgados por estos órganos 90 menores de edad). Se impusieron medidas en 78 casos, de los que 61 eran relativos a menores españoles. En los otros 9 procedimientos no se impusieron medidas.
Valoraciones de la presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona
La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, expresa su preocupación ante el aumento de los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o ex parejas desde finales de 2022 y alerta de la situación de riesgo extremo para muchas mujeres que estos crímenes evidencian. Asimismo, muestra su repulsa y hace un llamamiento a todas las instituciones para que extremen la vigilancia y a la sociedad en su conjunto para que colabore de una manera decidida en la prevención de estos gravísimos hechos.
Los datos del segundo trimestre de este año vuelven a mostrar que son muy pocas las denuncias, presentadas en comisaría o en el juzgado, que provienen del entorno de la víctima y de terceras personas en general. Carmona señala la importancia de que los ciudadanos asuman y tomen conciencia de que pueden salvar la vida de una persona. “En las manos de cada uno de nosotros/as puede estar la vida de una víctima de violencia de género y la vida de sus hijas e hijos. En la mayoría de los asesinatos que tristemente tenemos que lamentar, no había denuncias previas”, recuerda la presidenta del Observatorio, que anima al conjunto de la sociedad a denunciar cuando sospechen que una mujer puede estar siendo víctima de este tipo de violencia.
El llamamiento de la presidenta del Observatorio se hace extensivo a todas las instituciones implicadas en la lucha contra violencia machista, a las que pide un esfuerzo renovado para hacer frente de una forma más efectiva a esta lacra y para aprobar medidas que pongan el foco en la prevención de los crímenes; y a la clase política, a la que reclama unidad y consenso en una materia que, como la violencia de género, destruye familias, deja menores huérfanos y le cuesta la vida a tantas mujeres y niños.
En opinión de Carmona, es fundamental sacar la violencia de género de la lucha partidista y reeditar el Pacto de Estado para seguir avanzando por la vía que España, pionera a nivel mundial en esta materia, emprendió con la Ley 1/2004 y continuó con el acuerdo de una amplísima mayoría parlamentaria en 2017. “El Pacto de Estado fue un hito y ha sido imprescindible para proveer a las instituciones de fondos para financiar los medios materiales y personales necesarios en la lucha contra la violencia machista”, concluye.
La presidenta del Observatorio considera que, pese al doloroso aumento del número de asesinatos machistas en el último año, la sociedad puede estar segura de que España cuenta con unos profesionales altamente cualificados que trabajan día a día en la protección de las personas más vulnerables. Por ello, agradece a todos ellos, especialmente a los jueces y a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por su labor y les anima a seguir trabajando sin perder el ánimo ni el aliento ante el aumento de los crímenes.
Carmona insiste en que la formación y la educación son herramientas fundamentales para la erradicación de la violencia machista. Por ello, agradece a los medios de comunicación su compromiso con la puesta en marcha de campañas de concienciación y mensajes de rechazo a la violencia machista que de otro modo no podrían llegar a tantos millones de ciudadanos.
