En una operación conjunta que se extendió a lo largo de 9 meses, la Guardia Civil de Asturias y Salamanca, con apoyo de efectivos de Cantabria y Valladolid, ha desarticulado una red criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación laboral. Dos personas han sido detenidas, mientras que otras cuatro están siendo investigadas por su presunta participación en este oscuro entramado.
La operación, denominada «ZIMERSA», tenía como objetivo desmantelar una organización que, camuflada bajo la apariencia legal de una empresa dedicada al cuidado de personas mayores y servicio doméstico, explotaba laboralmente a mujeres en situación precaria y sin permisos de trabajo y estancia en España.
La red operaba a nivel nacional, con sucursales en Salamanca, Valladolid, Gijón y Cantabria, mostrando una estrategia de expansión agresiva. Su modus operandi consistía en captar y adoctrinar a mujeres, principalmente de origen latinoamericano, en situaciones irregulares en España y con condiciones laborales extremadamente duras.
El líder y gerente de la empresa dirigía esta explotación laboral, contando con la colaboración de responsables en diferentes sedes. Buscaban mujeres consideradas «buenas trabajadoras», de carácter dócil y callado, limitando su interacción con otras personas al ubicarlas en localidades alejadas de centros urbanos.
Durante las entrevistas de trabajo, se impartían instrucciones para discriminar a las candidatas, como evitar a aquellas que no mantuvieran la mirada o fueran esquivas en sus respuestas. Además, al formalizar los contratos, se utilizaban identidades falsas, y las condiciones laborales vulneraban la normativa reguladora.
La red también controlaba la vida cotidiana de las trabajadoras, impidiéndoles acudir a centros médicos sin acompañamiento de la empresa, e incluso las obligaban a identificarse con identidades ajenas ante contratantes y autoridades.
La operación culminó con registros en las sedes de la empresa y domicilios particulares, deteniendo al gerente y a su pareja, e investigando a cuatro personas encargadas de las distintas sedes. Se les imputan delitos de trata de seres humanos, contra los derechos de los trabajadores extranjeros, falsedad documental y delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, así como pertenencia a grupo criminal.
La investigación sigue abierta, analizando la documentación intervenida durante los registros.
