En una sesión celebrada ayer, la Comisión de Ética Pública de Castilla y León archivó la consulta planteada por un interesado sobre la posible abstención del presidente de la Comisión, Luis Miguel González Gago, en el análisis de actuaciones de dos altos cargos del Gobierno regional. La comisión concluyó que no existe deber de abstención ni conflicto de intereses, respaldando la participación del presidente en la resolución de consultas que involucran a miembros del mismo equipo de gobierno.
La sustitución temporal de González Gago en la presidencia por la consejera de Educación, Rocío Lucas Navas, fue realizada conforme a lo establecido en la Ley del Estatuto de los Altos Cargos. La Comisión valoró los argumentos presentados previamente por el presidente, destacando la ausencia de motivos concretos que justificaran el deber de abstención o un conflicto de intereses. Además, se subrayó que la pertenencia a la Junta de Castilla y León no encaja legalmente en los supuestos de conflicto de intereses o abstención.
González Gago hizo un llamado a la utilización responsable de la Comisión, señalando el riesgo de abuso de derecho al encadenar tres procedimientos en un breve periodo. Destacó que los miembros de la Comisión tienen otras responsabilidades que pueden verse comprometidas al tener que resolver consultas sin una justificación suficiente.
