En una operación sin precedentes, la Guardia Civil de Valladolid ha iniciado una investigación que involucra a 17 individuos por un presunto delito contra la ordenación del territorio y el urbanismo, mientras que otras 3 personas enfrentan cargos por estafa. Los primeros 17 están acusados de llevar a cabo construcciones no autorizadas en suelo no urbanizable, y los tres restantes, de estafar a los anteriores con artimañas lucrativas.
La trama se desenvuelve en el pintoresco municipio de Cigales, donde la Guardia Civil recibió información sobre numerosas construcciones en suelo rústico común, así como la irregular subdivisión de una parcela para usos incompatibles con las normativas municipales. La investigación reveló la presencia de diversas obras, vallados, cimentaciones, casetas, depósitos de agua y viviendas en construcción.
La atención de las autoridades se centró en una inmobiliaria de Valladolid, responsable de la publicidad y venta de la parcela en cuestión. Las diligencias policiales resultantes fueron remitidas a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Valladolid, específicamente a la Fiscal Delegada de Medio Ambiente y Urbanismo.
En mayo de 2023, un auto judicial determinó la paralización de todas las obras en la parcela, tras la solicitud del Ministerio Fiscal. Un informe técnico corroboró que, según el catastro, la tierra debía ser clasificada como rústico con uso principal agrario.
La Guardia Civil sospecha que tanto la inmobiliaria como el propietario inflaron el precio de las subparcelas, llegando a incrementos del 700% al 2000%, especulando con el valor del suelo y confundiendo a los compradores respecto a la naturaleza urbana de la propiedad.
Más allá de las cuestiones financieras, aquellos que construyeron sin autorización podrían enfrentar cargos por delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo, tipificados en el artículo 319.2 del código penal. Estos delitos pueden conllevar penas de prisión de uno a tres años.
Este escándalo urbanístico ha sacudido la tranquilidad de Cigales, dejando en entredicho la legalidad de las construcciones y planteando interrogantes sobre la ética de los involucrados. La Guardia Civil continúa con las investigaciones para esclarecer completamente este turbio asunto.
