La Consejería de la Presidencia ha anunciado la convocatoria de una reunión del Consejo de la Función Pública, que será clave para la aprobación posterior en el Consejo de Gobierno por parte de la Junta de Castilla y León. La fecha señalada para este importante paso es el 14 de noviembre de 2023.
En esta ocasión, la propuesta de la oferta de empleo público para el próximo año incluye un total de 2.970 plazas, marcando un notable aumento del 9% en comparación con las plazas convocadas en 2022. De este número, 2.676 son plazas de nuevo ingreso y turno libre, mientras que las 294 restantes se reservan para el turno de promoción interna en la Administración General.
Dentro de las plazas de nuevo ingreso, destacan 1.079 destinadas a la Administración General, con 582 para personal funcionario y 497 para personal laboral. También se contemplan 870 plazas para personal estatutario de instituciones sanitarias (SACyL) y 727 para docentes, distribuidas entre el cuerpo de Maestros y otros cuerpos docentes.
Es relevante señalar que en los procesos selectivos se reserva el 10% del total de plazas autorizadas para personas con discapacidad. Además, aquellas plazas de las ofertas de empleo público de 2021 y 2022 que no se hubieran convocado podrán acumularse en la presente oferta.
Para priorizar sectores prestacionales, se incluyen 108 plazas de funcionarios sanitarios, así como plazas en la Gerencia de Servicios Sociales para enfermeros, técnicos de atención directa al menor y técnicos de apoyo al menor. También se refuerzan áreas vinculadas a la protección del medio ambiente con plazas para ingenieros técnicos forestales, agentes medioambientales, celadores de medio ambiente, operadores de centro de mando, vigilantes de incendios y peones de montes y extinción.
El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, destaca esta oferta como una oportunidad para rejuvenecer la plantilla de la Administración autonómica. En un esfuerzo por abordar el envejecimiento progresivo, señala que esta medida es compatible con los procesos de estabilización del personal interino en curso. González Gago reitera su compromiso de impulsar un Plan de Ordenación de los Recursos Humanos para afrontar el reto del relevo generacional y promover convenios con universidades públicas para reducir la edad media de la plantilla, actualmente superior a los 52 años.
