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domingo, abril 28, 2024

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La Agencia Tributaria inicia una operación contra el fraude fiscal en el comercio de la madera, cuatro de ellos en Valladolid

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Redacción.- La Agencia Tributaria ha lanzado la operación ‘Llamera’, una acción sin precedentes para combatir el fraude fiscal en el sector del comercio de madera. Más de 350 funcionarios se desplegaron en 88 locales de 15 comunidades autónomas, marcando el inicio de investigaciones a 84 sociedades y 37 personas vinculadas. Descubre los detalles de esta acción coordinada y sus impactantes hallazgos.

La Agencia Tributaria, en colaboración con más de 320 funcionarios del Área de Inspección y agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera, ha llevado a cabo la operación ‘Llamera’. Este despliegue se tradujo en la personación en 88 locales distribuidos en diversas comunidades autónomas, con Andalucía, Comunidad Valenciana y Galicia entre las más afectadas.

Descubrimientos Impactantes:

La operación tiene como objetivo principal verificar sociedades dedicadas al comercio de madera, incluyendo productos derivados como puertas, vigas y tableros. Se han identificado sociedades con socios que presentan riesgos de incrementos patrimoniales no justificados, sugiriendo posibles ventas ocultas.

Indicios de Fraude:

La selección de empresas bajo investigación también consideró signos externos de riqueza en personas vinculadas, como el alquiler de cajas de seguridad y gastos considerables con tarjetas bancarias personales. Se destacó el uso intensivo de efectivo como modalidad de cobro en algunas sociedades, señalando la posible existencia de ingresos no declarados.

Perspectivas y Resultados:

Las personaciones realizadas permitirán a la Agencia acceder a información crucial para inspeccionar posibles irregularidades. La experiencia previa indica que este enfoque es efectivo contra la economía sumergida y otros incumplimientos fiscales.

Con ‘Llamera’, la Agencia Tributaria suma 23 macrooperaciones sectoriales en la última década, con más de 2,000 expedientes finalizados y ingresos por 386 millones de euros. Estas acciones no solo buscan detectar y regularizar el fraude fiscal, sino también enviar un mensaje disuasorio a colectivos que distorsionan la competencia en el sector.

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