Redacción.-
Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha decidido intervenir como acusación popular en el proceso legal en curso en la Audiencia Nacional, en el que se investiga a Félix Solís y García Carrión por un posible fraude en la comercialización de vinos con Denominación de Origen Valdepeñas. La organización busca esclarecer si estas prácticas podrían haber causado daños económicos a los viticultores y si existen fundamentos legales para futuras reclamaciones.
En los últimos días, Unión de Uniones ha mantenido conversaciones con viticultores de la región de Valdepeñas, quienes expresaron su preocupación por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran en cada temporada de vendimia. «La posición de dominio que tienen estas dos grandes empresas en el mercado les permite imponer unilateralmente sus condiciones de precios y la recepción de la uva», explican desde la organización. Esta recopilando información para presentar denuncias ante la AICA si se comprueba que se han incumplido las leyes sobre la cadena alimentaria al pagar precios por debajo de los costos de producción.
A esta problemática se suma ahora la investigación de la Audiencia Nacional sobre las bodegas de Félix Solís y García Carrión, quienes presuntamente comercializaron vinos amparados por la Denominación de Origen y clasificados como crianza, reserva o gran reserva sin cumplir con los requisitos establecidos. La Audiencia Nacional también ha iniciado acciones legales contra las certificadoras Sohiscert y Liec Agroalimentaria, responsables de verificar el cumplimiento de las condiciones. Desde la organización critican esta situación y la consideran otro escándalo que se suma a una serie de eventos lamentables en la Denominación de Origen Valdepeñas.
Unión de Uniones considera que si se cuestiona la clasificación de los vinos envejecidos, se pone en duda la trazabilidad de todo el sistema. Por este motivo, la organización se presentará como acusación popular en el caso. «Queremos saber si la uva que se ha pagado a los viticultores como uva de mesa, a casi la mitad del precio de la uva destinada a la Denominación de Origen, ha sido utilizada para hacer vino de mesa u otro propósito», declaran. La organización busca total claridad en estos hechos y, en caso de que se demuestre que ha habido prácticas que perjudican económicamente a los agricultores, buscan establecer bases legales para futuras reclamaciones de compensación por daños sufridos.
