Redacción.- El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, compareció esta tarde en la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento autonómico para presentar dos trabajos: el informe de la fiscalización de la estrategia para el cambio climático 2009-2020 en Castilla y León, que quedó aplazado en la comisión anterior, y el informe anual sobre las cuentas del sector público local de la Comunidad correspondiente a 2021.
El primero obedece al objetivo del Plan Estratégico del Consejo de Cuentas de acercar las fiscalizaciones a las inquietudes sociales ya que se posibilitan actuaciones que permiten constatar los principios de economía, eficiencia y eficacia en la ejecución de determinadas políticas públicas y así proponer recomendaciones de mejora. En este caso, impulsando la realización de fiscalizaciones medioambientales.
El segundo informe verifica el cumplimiento por parte de las entidades locales de la obligación de rendir la cuenta general del ejercicio 2021 y comprobar que se ajusta a la normativa respecto a forma y contenido, así como su coherencia interna. Analiza además el cumplimiento de las fases y plazos vinculados al ciclo presupuestario y contable, presentando las principales magnitudes presupuestarias y económico financieras del sector público local, compuesto en Castilla y León por 4.748 entidades, y verificando si se ha cumplido con la obligación de remitir información sobre los contratos y convenios celebrados en 2021.
Desde 2006, la rendición de cuentas se efectúa telemáticamente a través de la Plataforma de Rendición de Cuentas de las entidades locales, que comparten el Tribunal de Cuentas y los órganos autonómicos de control externo, entre ellos el Consejo de Cuentas. A fecha actual, la rendición de cuentas por parte de los 2.248 ayuntamientos de Castilla y León alcanza el 87,8%, con una mejora interanual de medio punto.
Con relación a la fiscalización de la estrategia sobre el cambio climático, Amilivia expuso que, sin perjuicio de las deficiencias puestas de manifiesto en el informe en cuanto al desarrollo de la misma, este recoge entre sus conclusiones que las emisiones de gases de efecto invernadero totales de 2020 en Castilla y León fueron 21.489 kilotoneladas de CO2 equivalente, lo que representa un 7,43% del total nacional, frente a las 29.708 kilotoneladas de 2009, lo que supuso un descenso del 27,67% en el horizonte temporal de la estrategia y un 36,11% respecto al año base 1990, colocando a Castilla y León como la tercera Comunidad que más redujo sus emisiones entre 1990 y 2020.
También recoge que contribuyó positivamente a la reducción de las emisiones a nivel nacional ya que respetó holgadamente el compromiso asumido a nivel comunitario e internacional (20% respecto 1990), cumpliendo uno de los objetivos generales de la estrategia.
El informe recoge otras conclusiones como el hecho de que la producción de electricidad en Castilla y León se mantuvo prácticamente constante en el periodo 2009-2022. El informe significa que la energía eléctrica que ya no se produce con energías no renovables, como consecuencia de los cierres de la central nuclear de Garoña y de las centrales térmicas de carbón, ha sido sustituida por la de las fuentes renovables, principalmente por el incremento de la eólica. La producción eléctrica generada con renovables (que incluye también la hidráulica y la solar), en 2020 representó ya el 87% del total de la potencia generada, el porcentaje más alto de las comunidades autónomas.
El informe subraya asimismo que Castilla y León es la que más incrementó la superficie forestal, de las 13 comunidades de las que se disponen datos, cumpliendo el objetivo general de aumentar la capacidad de absorción de CO2 por parte de las formaciones vegetales y los ecosistemas para reducir las concentraciones de ese gas en la atmósfera. Las recomendaciones recogidas por el Consejo en este informe han sido recogidas positivamente por parte de la Administración autonómica. Por ejemplo, en lo referido a agilizar la tramitación del anteproyecto de ley para hacer frente al cambio climático.
Con relación al informe sobre las cuentas del sector público local, Amilivia destacó que la rendición de las cuentas de 2021 a fecha actual, al igual que ocurrió con la rendición dentro del plazo legal, presenta indicadores muy semejantes al ejercicio anterior. Así, sobre el total de entidades locales se produce una ligera disminución interanual de 0,8 puntos porcentuales y en ayuntamientos un pequeño incremento de medio punto, alcanzando en la actualidad el 87,8%. Destacan los de las provincias de Salamanca, León, Zamora y Valladolid, que registran, respectivamente, porcentajes de rendición de sus cuentas del 92,3%, 89,6%, 89,5% y 88%.
Salamanca es la que mejor indicador presenta tanto para la totalidad de sus entidades locales como para los ayuntamientos y Segovia presenta el índice más bajo en cuanto a los ayuntamientos (82,3%). En el caso de León, el porcentaje de rendición del total de entidades locales se sitúa en el 74,7% debido al gran peso que tienen en esta provincia las entidades locales menores (1.228 de las 2.214 existentes en la Comunidad, el 55,4%).
En esta línea, el presidente precisó que dentro de las 27 fiscalizaciones del sector público local que el órgano de control elabora en la actualidad figuran el informe anual de las cuentas de 2022, el análisis de la situación de los municipios más incumplidores en la rendición de cuentas durante las últimas dos décadas, o el análisis del impacto que tuvo en las entidades locales la suspensión de las reglas fiscales desde 2018 a 2021.
La web del Consejo de Cuentas incorpora a partir de hoy una versión interactiva de este informe, el segundo de estas características después de la experiencia piloto desarrollada el pasado año con la fiscalización sobre el análisis que tuvo el impacto de la COVID-19 en las cuentas de las entidades de la Comunidad. Un formato que mejora la navegabilidad del documento, facilita la consulta de indicadores y magnitudes y permite la descarga de datos y exportación de gráficos. Proporcionando como novedad información actualizada a la fecha de la consulta respecto de los datos que contienen las conclusiones más relevantes, como, por ejemplo, el indicador sobre el estado de la rendición de cuentas de las entidades locales.
