La Guardia Civil ha llevado a cabo una operación en la provincia de Valencia que ha resultado en la detención de nueve personas y la investigación de otras cinco, todas ellas acusadas de extorsionar a una decena de víctimas residentes en la provincia de Huesca. Las víctimas habrían sufrido pérdidas económicas que ascienden a un total de 30.000 euros debido a estas estafas.
La operación, denominada «Planval», se inició en respuesta a varias denuncias presentadas en diferentes localidades de Huesca. Estas denuncias señalaban que las víctimas estaban siendo objeto de extorsiones, las cuales incluían amenazas de muerte tanto para ellas como para sus familiares, a cambio de un pago en efectivo.
Las extorsiones comenzaban cuando los ciberdelincuentes contactaban a las víctimas a través de aplicaciones de mensajería o llamadas telefónicas. Los afectados reportaban haber recibido graves amenazas, incluyendo la promesa de presentarse en sus domicilios si no accedían a pagar diferentes cantidades de dinero. Incluso, en algunos casos, los extorsionadores enviaban vídeos donde un individuo realizaba amenazas mientras manipulaba un arma de fuego, intensificando el temor de las víctimas.
Uno de los métodos empleados por los delincuentes, conocido como ingeniería social, consistía en la obtención de datos personales y de contacto a través de formularios de páginas web. Estos datos incluían números de teléfono, direcciones, información sobre la familia y lugar de trabajo de las víctimas, así como otros datos personales que los extorsionadores utilizaban para llevar a cabo sus amenazas.
Con el fin de incrementar el miedo de las víctimas, los extorsionadores amenazaban con divulgar contenido íntimo que afirmaban haber obtenido de manera ilícita, accediendo a sus dispositivos electrónicos. Esto llevaba a las víctimas a realizar transferencias bancarias en un intento desesperado por evitar la difusión de dicho material, resultando en estafas que oscilaban entre 500 y 8.000 euros por víctima.
Los guardias civiles llevaron a cabo una ardua investigación durante casi dos años para identificar y localizar a los responsables de estas amenazas. Descubrieron que los autores habían empleado tarjetas telefónicas con identidades falsas y, en algunos casos, habían usurpado la identidad de terceras personas que previamente habían sido víctimas de extorsión.
La investigación también permitió identificar un gran número de cuentas bancarias controladas por los extorsionadores, a través de las cuales recibían los pagos de las víctimas. Una vez completadas las transacciones, los extorsionadores retiraban el dinero en efectivo en cajeros situados en Valencia capital.
Tras localizar a todos los implicados, la Guardia Civil procedió a la detención de nueve personas y a la investigación de otras cinco en las localidades de Alzira, Torrent, Paiporta y Valencia. Uno de los detenidos tenía pendiente una orden de búsqueda y detención por otros delitos similares. Los detenidos e investigados han sido presentados ante los juzgados de Barbastro, Huesca, Jaca y Monzón para responder por sus acciones.
