Redacción.- El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, presentó hoy ante la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento autonómico las fiscalizaciones de la Cuenta General de la Comunidad correspondientes a los años 2019 y 2020. Dos informes fundamentales del sector público autonómico que ponen de manifiesto la salud financiera de Castilla y León
Desde el punto de vista de su contenido, la de 2020 presenta variaciones significativas respecto de la precedente en los indicadores económicos y financieros analizados al tratarse del primer ejercicio afectado por el impacto de la pandemia. Así, el presupuesto definitivo de gastos se incrementó en 1.461 millones, hasta los 12.661 millones, destinándose casi una cuarta parte de este al refuerzo en Sanidad para afrontar la pandemia.
Mediante una exposición conjunta de ambas fiscalizaciones, estableciendo una comparación interanual, Amilivia resumió en referencia al año 2020 que la Cuenta experimentó una mejora tanto en el aspecto formal como en el fondo. Primero, porque incluyó cambios normativos que, en la práctica, supusieron el cumplimiento de recomendaciones reiteradamente planteadas por el Consejo de Cuentas.
De esta manera, se presentó por primera vez formando una unidad, dado que hasta entonces la integraban las tres cuentas correspondientes a las entidades sujetas al régimen de contabilidad pública, a las empresas públicas y a las fundaciones públicas. Además, se presentó de manera consolidada en todos los documentos que la componen, es decir, sin duplicidades por operaciones internas, en consonancia con la Cuenta General única del Estado.
Por otro lado, la financiación extraordinaria del Fondo COVID-19 posibilitó que la financiación sanitaria estuviese mejor cubierta, con más presupuesto y mayor gasto sanitario, también en la Administración General, aunque paralelamente se registró un incremento interanual de la deuda del 3,68%. Además, la evolución de la deuda sanitaria no imputada a presupuesto por la Gerencia Regional de Salud reflejó en 2020 una notable disminución, la mayor en 14 años, pasando de 417 a 62 millones, gracias a la generación de créditos que posibilitaron imputar a gasto corriente los gastos de ese año y los correspondientes a ejercicios anteriores.
Amilivia significó que en opinión del Consejo la Cuenta General se presentó en ambos ejercicios, con carácter general, de acuerdo con los principios y normas contables que le son de aplicación, reflejando de forma fiable la actividad económico-financiera de la misma, excepto por algunas limitaciones e incumplimientos recogidos en las conclusiones.
Con relación a las conclusiones más destacables, la Cuenta General se rindió en ambos ejercicios dentro del plazo establecido y atendiendo a la normativa, aunque en la de 2020 hubo algunas carencias en la información suministrada y una serie de incidencias en las homogeneizaciones y eliminaciones por operaciones internas entre entidades llevadas a efecto en el proceso de consolidación.
La Cuenta General de la Comunidad incluye todas las cuentas de las entidades que deberían estar integradas en la misma excepto -en ambos ejercicios- las del Consorcio para la Promoción, Desarrollo y Gestión del Proyecto Regional del Parque Empresarial del Medio Ambiente.
Teniendo en cuenta las diferentes magnitudes para cada una de las entidades que integran la Cuenta General, las entidades del Sector Público que realizan actividades administrativas representan el 99,3%. La única empresa (Somacyl), nueve fundaciones y un ente público de derecho privado integrados -el mismo número que en el ejercicio 2019- representan menos del 1%.
Con relación a los informes de auditoría de las cuentas anuales, la Memoria de la Cuenta General de 2020 incluye la opinión manifestada por los auditores en los correspondientes informes de auditoría de todas las entidades, excepto del Instituto para la Competitividad Empresarial, aportado en el curso de la fiscalización. No ocurrió así en la de 2019, pues a fecha de confección de la Cuenta solo se habían auditado las cuentas de tres entes, todos con opinión favorable.
En ambos ejercicios sí se recoge el informe de auditoría, con opiniónfavorable, de las cuentas de la única empresa pública que se ha integrado en la Cuenta General. Siguiendo la tónica de los últimos ejercicios, prácticamente todas las fundaciones presentaron informe de auditoría favorable.
En lo referente a las entidades del Sector Público de la Comunidad sujetas al Régimen de Contabilidad Pública, el mayor peso presupuestario corresponde a la Administración General, seguida de la Gerencia Regional de Salud y la Gerencia de Servicios Sociales, con un 87,35%, 6,06% y 3,85%, respectivamente, del presupuesto definitivo consolidado de ingresos en 2020. En cuanto a los gastos, la Administración General representa el 49,56%, la Gerencia Regional de Salud el 37,38% y la Gerencia de Servicios Sociales el 8,47%.
Amilivia continúo subrayando que el presupuesto definitivo de gastos experimentó en 2020 un incremento del 13,05%, es decir, 1.461 millones de euros con respecto al ejercicio anterior, alcanzado los 12.661 millones. Produciéndose la mayor variación en términos cuantitativos en la Gerencia Regional de Salud, con un incremento de 1.063 millones (29%), seguida de la Administración General, 301 millones (5,04%).
Dentro de las obligaciones reconocidas consolidadas, el mayor peso específico respecto de cada capítulo presupuestario corresponde a la Administración General, salvo en personal y gasto corriente, donde la Gerencia Regional de Salud absorbe el 52,32% y 74,45% de los respectivos capítulos, y en el capítulo de activos financieros que corresponde al Instituto de Competitividad Empresarial, con el 80,29%.
En cuanto a los derechos reconocidos consolidados, el mayor peso específico corresponde a la Administración General en todos los capítulos, a excepción de los activos financieros, que corresponde al Instituto de Competitividad Empresarial.
Evolución de la deuda sanitaria no imputada a presupuesto. Con relación a la Gerencia Regional de Salud, existen obligaciones pendientes de imputar al presupuesto de 2020 por 62 millones de euros, siendo 5,5 de ejercicios anteriores. Existen, además, obligaciones de ejercicios anteriores indebidamente imputadas al ejercicio 2020 por 412 millones. La evolución de las obligaciones pendientes de imputar a presupuesto en los últimos años refleja que 2020 fue el ejercicio con el menor importe, habiéndose producido una notable disminución, pasando de 417 millones en 2019 a 62.
La causa principal fueron las generaciones de crédito, que permitieron que en 2020 se imputaran a presupuesto corriente tanto los gastos generados en ese ejercicio, como los correspondientes a ejercicios anteriores que habían quedado pendientes de imputar por falta de crédito. La principal fuente de financiación fue el Fondo COVID-19 creado por la Administración del Estado para que las comunidades autónomas afrontaran las incidencias presupuestarias de la crisis sanitaria.
En cuanto al seguimiento de debilidades, las memorias de las cuentas anuales de las entidades sujetas a contabilidad pública presentaban incidencias de diferente tipo en cada una de ellas que afectan a su finalidad de completar, ampliar y comentar la información contenida en el resto de los documentos.
Por ejemplo, la Comunidad utilizó en ambos ejercicios el criterio de devengo para el reconocimiento de derechos de transferencias finalistas de acuerdo con el nuevo Plan General de Contabilidad de Castilla y León de 2018, en vez del criterio de caja, que es el recogido por el Plan General de Contabilidad Pública, configurado como marco para todas las Administraciones públicas.
La Comunidad sigue sin tener implantado un registro de inventario que recoja todos los bienes y derechos que integran su patrimonio. El Inventario General, únicamente recoge los bienes inmuebles y derechos sobre los mismos de la Administración General, del Instituto Tecnológico Agrario, de la Gerencia de Servicios Sociales y del Servicio Público de Empleo.
La Comunidad saldó, de acuerdo con las normas establecidas en el nuevo Plan General de Contabilidad Pública y con las recomendaciones del Consejo de Cuentas recogidas en informes de ejercicios anteriores, la cuenta «Inmovilizado. Transitoria». Sin embargo, en el nuevo plan se prevé la aplicación de un modelo de revalorización del inmovilizado material, inversiones inmobiliarias e inmovilizado intangible, que se encuentra pendiente de diseño e implantación.
En lo relativo a los ajustes realizados como consecuencia de la fiscalización, el Consejo propuso en el resultado presupuestario consolidado un ajuste positivo de 535 millones de euros, que situó la cifra total en un importe positivo de 323 millones.
En el balance consolidado, se hicieron ajustes en el pasivo por importe de 145 millones de euros, manteniéndose el importe total rendido en 9.066 millones. En la cuenta del resultado económico-patrimonial consolidada, los ajustes suponen un aumento de 122 millones en el resultado, hasta alcanzar un ahorro de 286 millones.
En materia de modificaciones presupuestarias, se advierte que las reglas fiscales quedaron suspendidas para los ejercicios 2020 y 2021 ante la situación de emergencia extraordinaria provocada por la pandemia. El importe del presupuesto inicial consolidado de las entidades del sector público de la Comunidad sujetas al régimen de contabilidad pública fue de 10.747 millones de euros, habiéndose autorizado modificaciones por importe de 1.913 millones, resultando un presupuesto definitivo de 12.661 millones.
El motivo del elevado aumento se debió, sobre todo, a la distribución por parte del Estado de recursos adicionales para hacer frente a la crisis originada por la pandemia; y también, en menor medida, a los fondos procedentes de la actualización de los ingresos del sistema de financiación, que no estaban contemplados en los presupuestos debido a su situación de prórroga.
Por políticas de gasto, los créditos que más se incrementaron a través de modificaciones fueron los correspondientes a Sanidad, que supusieron un 73,73% del importe neto de las modificaciones, seguida de Educación, con un 10,76%, y Servicios Sociales y Promoción Social, con un 7,59%.
En el apartado de conclusiones sobre el endeudamiento de la Comunidad y estabilidad presupuestaria, cabe destacar que el endeudamiento del conjunto del sector público de la Comunidad a 31 de diciembre de 2020 fue de 12.932 millones de euros, un 3,68% superior al de 2019.
En el contexto de suspensión de las reglas fiscales ratificada por el Congreso como consecuencia de la pandemia, la Comunidad registró en 2020 un superávit del 0,4% del PIB regional (195 millones de euros). Inicialmente se había permitido un límite déficit del 0,2%.
El volumen de deuda suponía el 24% del PIB regional, al igual que el objetivo de deuda fijado inicialmente para ese periodo. En lo relativo a la regla de gasto, Castilla y León registró una disminución del 2,1% del gasto con respecto al ejercicio anterior, siendo el objetivo no superar un 2,9% de incremento.
En cuanto al ejercicio 2019, la Comunidad incumplió el objetivo de estabilidad, con un déficit ajustado del -0,5% frente al objetivo establecido del -0,1% del PIB regional; y también el objetivo de la regla de gasto, establecido en el 2,7%, con una variación respecto a 2018 del 4,5%. Sí cumplió el objetivo de deuda pública, cifrado en el 21 % del PIB regional.
Durante el ejercicio 2020 únicamente se concertaron préstamos con entidades de crédito a largo plazo en el conjunto de las Entidades del Sector Público de la Comunidad sujetas al régimen de contabilidad pública por importe de 2.624 millones de euros. El importe amortizado en 2020 ha ascendido a 205 millones de euros correspondientes a Deuda Pública y 1.910 millones correspondientes a préstamos.
Amilivia continuó reseñando que en los próximos cinco ejercicios el conjunto de las entidades sujetas a contabilidad pública tendrá que hacer frente a la amortización del 51,21% del importe de su deuda, es decir, 6.340 millones de euros, y en 10 años tendrá que asumir el vencimiento del 90,16% del saldo de deuda viva, siguiendo similares porcentajes la Administración General, pues representa el 97,45% de la deuda total con entidades de crédito a largo plazo.
En este sentido, desde el ejercicio 2011 hasta la actualidad el deterioro del patrimonio neto en términos ajustados ha ascendido a 6.214 millones de euros, motivado por no dedicar durante ese periodo exclusivamente el recurso de endeudamiento a gastos de inversión, tal y como establece la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad. Así, el importe total durante ese periodo no destinado a gastos de inversión ascendió a 6.252 millones de euros, en consonancia con el deterioro experimentado por el patrimonio neto.
Recomendaciones. Los resultados del trabajo, reflejados en 80 conclusiones, dieron lugar a un total de 14 recomendaciones, cinco menos que las registradas en la Cuenta de 2019. Varias desaparecen por los cambios normativos que se han producido y de determinadas mejoras en la gestión. También se incorporan dos nuevas, una que plantea mejorar el método de elaboración de los estados financieros consolidados para evitar errores en epígrafes y otra que propone diseñar un modelo de revalorización del inmovilizado material, según lo establecido en el Plan General de Contabilidad Pública de Castilla y León.
De las 14 recomendaciones, la mitad están dirigidas a la Intervención General de la Comunidad. El resto, genéricamente a la Administración autonómica o singularmente a algunas entidades concretas (Consejería de Educación, Gerencia Regional de Salud, Consorcio para la gestión del Palacio de Congresos de Castilla y león en Salamanca o Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León).
Amilivia también refirió que el seguimiento de las recomendaciones emitidas en la fiscalización de la Cuenta de 2019, realizado en el correspondiente informe, ha puesto de manifiesto un grado de aceptación del 53%.
