Redacción.- El presidente del TSJCyL, José Luis Concepción, ha presentado este jueves en el Palacio de Justicia de Burgos la memoria judicial correspondiente al año 2022. Los datos expuestos por el magistrado reflejan un aumento en el número de asuntos ingresados respecto al año anterior.
Si el número de asuntos registrados en todos los órganos judiciales de Castilla y León durante 2021 ascendió a 275.411, durante 2022 el registro global fue 289.797, es decir, 14.386 más. Estos datos están incluso por encima de los asuntos ingresados en 2019, año en que entraron un total de 277.247.
Dicho ascenso se ha producido en los órdenes jurisdiccionales Civil (2% más) y Penal (7,3% más). Por el contrario, en Social (2,2% menos) y Contencioso-Administrativo (5,6% menos) se ha producido un descenso en el número de asuntos registrados.
El nivel de resolución también ha experimentado una variación. Durante 2021, los juzgados y tribunales de Castilla y León resolvieron 273.149 asuntos, en tanto que en el año 2022 resolvieron 278.187, es decir, 5.038 más.
Concepción ha señalado que “resulta evidente que los datos reflejan una recuperación en cuanto al número de asuntos ingresados y resueltos tras la situación excepcional vivida en 2020 y 2021, e incluso se ha producido un incremento respecto del año 2019, anterior a la pandemia. Esto es muy significativo y apunta a la carga de trabajo ingente que soportan nuestros órganos judiciales”.
En este sentido, el presidente del TSJCyL ha recordado que el propio Servicio de Inspección del CGPJ ha venido aconsejando la creación de una serie de plazas judiciales en el territorio, algo que no ha sido atendido por el Ministerio de Justicia en los términos solicitados.
“El Ministerio atendió de manera muy poco significativa estas peticiones. En el Real Decreto 954/2022 de 15 de noviembre acordaba la creación de 70 unidades judiciales correspondientes a la programación de 2022, de las cuales sólo tres (un magistrado en la sección civil de Audiencia Provincial de León, el Juzgado Social 2 de Segovia y el Juzgado Social 3 de Salamanca) corresponden a Castilla y León. Es insuficiente a todas luces para paliar nuestras necesidades”, ha asegurado.
Concepción ha subrayado la necesidad de solicitar la creación de nuevas plazas judiciales para el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia en la comunidad. En concreto, las siguientes:
- Audiencias Provinciales: una plaza de magistrado en la AP de Burgos (penal); una plaza de magistrado en la AP de Segovia; y una plaza magistrado en la AP de Valladolid (penal).
- Juzgados de Primera Instancia e Instrucción: un juzgado en los partidos judiciales de Ávila, Palencia, Miranda de Ebro, Aranda de Duero y Soria.
- Juzgados de Primera Instancia: un juzgado en los partidos judiciales de Salamanca, León y Valladolid.
- Juzgados de Familia: un juzgado en los partidos judiciales de Ponferrada y Valladolid.
- Juzgados de lo Penal: un juzgado en los partidos judiciales de Ávila y Salamanca.
- Juzgados de Violencia contra la Mujer: un juzgado en los partidos judiciales de León y Segovia.
- Juzgados de lo Social: un juzgado en Burgos.
- Juzgados de Vigilancia Penitenciaria: un juzgado en Soria.
Concepción ha recalcado la especial importancia que en la actualidad tiene la creación de estas nuevas plazas, demanda que se une a la imposibilidad de cubrir algunas vacantes como la existente en la Sala de lo Civil y Penal del TSJCyL.
“La plaza de magistrado de designación autonómica está vacante por jubilación porque la regulación legal impide que el CGPJ no renovado realice nombramientos. Resulta necesario que se produzca inmediatamente esa renovación del Consejo porque está ocasionando retrasos, como todos sabemos, en el Tribunal Supremo, por ejemplo, lo que afecta a la tutela judicial efectiva”, ha enfatizado.
Huelga de letrados y funcionarios
Con motivo de la huelga de Letrados de la Administración de Justicia (LAJs), que comenzó el 24 de enero de 2023 y finalizó el 28 de marzo de 2023, la Comisión Permanente del CGPJ solicitó a los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia diseñar planes de contingencia a fin de paliar los efectos del paro.
Para evaluar el estado de la situación de cada órgano judicial, el presidente del TSJCyL solicitó a los jueces decanos, así como a los presidentes de Audiencias Provinciales y de Salas, un informe sobre juicios suspendidos, fechas de señalamientos y medidas de refuerzo necesarias, entre otros aspectos.
Aunque aún no se ha completado la recepción de la totalidad de dichos informes, con los datos recibidos hasta el momento, Concepción ha comunicado al CGPJ que en Castilla y León se han suspendido más de 6.600 juicios en todas las jurisdicciones, sin contar otras diligencias de tramitación o ejecución suspendidas también a raíz de la huelga, siendo Valladolid, León y Segovia las provincias con mayor incidencia.
“Estas vistas orales se encuentran ya señaladas nuevamente, resultando que los órganos de este territorio han visto sus agendas prolongadas en todos los casos, si bien la fecha más tardía en dichas agendas está en el mes de noviembre de 2023, con la excepción de los Juzgados de lo Social, en particular del partido judicial de Valladolid, en cuyas agendas los juicios se sitúan ya en abril de 2024 en algunos casos”, ha asegurado Concepción.
El presidente del alto tribunal regional ha destacado además que “a la fecha de los informes remitidos se desconocía en muchos casos el número de asuntos pendientes de entrada (es decir, asuntos no repartidos con motivo de la huelga) y en otros ese número (por ejemplo, demandas en lo Civil) es ciertamente elevado, lo que sugiere que esas fechas en las agendas se verán rápidamente superadas de modo que los señalamientos en breve se situarán en el año 2024 en todas las jurisdicciones”.
“Es por lo anterior que los magistrados y jueces de este territorio, en su mayoría, no han solicitado medidas de refuerzo más allá de solicitar en algún caso prolongaciones de jornada de los funcionarios o reservar la posibilidad de solicitar medidas de refuerzo en el momento en que se conozca el número de asuntos de nueva entrada conforme se vaya retomando la actividad ordinaria”, ha afirmado.
En relación con la huelga indefinida de funcionarios de la Administración de Justicia que ha comenzado esta semana y que conllevará nuevas suspensiones de vistas y de trámites en todos los órganos judiciales, Concepción ha señalado que “será necesario evaluar nuevamente el estado de situación por cuanto que el informe remitido al CGPJ es una fotografía fija correspondiente a un momento determinado, superada por otra huelga que puede provocar el colapso de la Justicia”.
“Reclamamos por tanto al Gobierno la inmediata solución de este nuevo conflicto para que los ciudadanos y los profesionales del derecho no se vean afectados en sus legítimas expectativas”, ha concluido.
No estaría de más que se dieran cifras de cuantas quejas hay en Castilla y León. De mal funcionamiento de la justicia. Qué no es oro todo lo que reluce. Y que si sus funcionarios reclaman mucho para ellos. Pero los afectados por mala praxis. Que son muchos. Ni figuran en ningún sitio. Ni se les atiende como es debido sus quejas.