Redacción.-
- Castilla y León dispondrá de 17.792.904 euros procedentes del crédito la financiación de los programas de desarrollo rural y otros 11.759.251 euros para las intervenciones del Plan Estratégico de la Política Agraria Común.
- Las comunidades autónomas beneficiarias recibirán un total de más de 158,21 millones de euros, cuya aprobación definitiva será sometida a la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural.
25 de abril de 2023 – El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la distribución de 29.552.155 euros a Castilla y León para la financiación de los programas de desarrollo rural y las intervenciones del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PAC)
La distribución territorial para las comunidades autónomas beneficiarias de este acuerdo asciende a un total de 158,21 millones de euros, cuya aprobación definitiva será sometida a la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural.
Desarrollo Rural y PAC
La distribución aprobada se ha realizado en consonancia con los acuerdos de la Administración General del Estado y las comunidades autónomas para la financiación de los programas de desarrollo rural del periodo 2014-2022. En esta partida, a Castilla y León le corresponden 17.792.904 euros de los 104.120.005 euros destinados a las comunidades autónomas beneficiarias.
Respecto a las intervenciones que se incluyen en la nueva PAC que ha entrado en vigor el 1 de enero de este año, a Castilla y León le corresponden 11.759.251 euros del total de 54.090.000 euros a distribuir entre las comunidades autónomas beneficiarias.
En ambos casos, los programas contemplan medidas de apoyo de diferente naturaleza, orientadas a mejorar la competitividad del sector agroalimentario, asegurar la gestión sostenible de los recursos naturales y la acción frente al clima y a alcanzar un desarrollo territorial equilibrado de las zonas rurales. Estas medidas se financian con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y las contribuciones de la Administración General del Estado y de las propias comunidades autónomas.
