Redacción.-
El Consejo Económico y Social de Castilla publica hoy en su web el informe a iniciativa propia “ Convivencia Renta Garantizada de Ciudadanía e Ingreso Mínimo Vital ”, que fue
aprobado por unanimidad en el Pleno del Consejo de 25 de abril de 2022.
Para el CES el Sistema de garantía de rentas puede ser considerado como uno de los grandes sistemas del estado social, junto a la educación, sanidad o servicios sociales, y su
fin último, en una sociedad avanzada como la nuestra, es luchar contra la pobreza y la
exclusión social; un objetivo que, a juicio del CES, requiere adecuar el Sistema para hacer
que sea más eficaz, aún más ante los efectos que han tenido la crisis económica y financiera de 2008 y la reciente crisis provocada por la COVID-19.
Castilla y León cuenta con una amplia trayectoria en la gestión de prestaciones de garantía
de ingresos mínimos. Desde la aparición de la prestación económica de integración en 1990, la posterior aprobación del denominado ingreso mínimo de inserción en 1991, pasando por la aprobación de la Renta Garantizada de Ciudadanía en 2010 y hasta la aprobación de las últimas normas reguladoras de la Renta Garantizada de Ciudadanía en 2020, han sido muchos los desafíos a los que se ha tenido que enfrentar las medidas de lucha contra la pobreza y la exclusión social.
El último de estos retos ha sido el derivado de la puesta en marcha, por parte del Estado en junio de 2020, del Ingreso Mínimo Vital, prestación de ingresos mínimos que fue aprobada con rango de ley en diciembre de 2021.
La coexistencia de ambas prestaciones está suponiendo para los sistemas de garantía de
rentas autonómicos un nuevo escenario no exento de dificultades.
Este Consejo, en base a todos estos planteamientos, considera que, después de un análisis
de la situación actual, es conveniente hacer propuestas y recomendaciones de líneas
estratégicas que se han de seguir para lograr una convivencia adecuada de ambas
prestaciones.
El documento técnico que ha servido de base para elaborar este informe a iniciativa propia
dedica sus primeros capítulos a contextualizar las prestaciones de garantía de ingresos
mínimos, abordando los conceptos y las estrategias de lucha contra la pobreza y la
exclusión social, con un análisis de los datos más recientes que permiten dimensionar la
extensión de la pobreza y la exclusión en la Unión Europea, España y Castilla y León,
describiendo a continuación el proceso de construcción de los sistemas de rentas mínimas
en todos estos ámbitos.
Se hace un análisis comparativo de la situación de las rentas mínimas en ocho comunidades autónomas para, a continuación, abordar la parte cualitativa del documento en la que se recogen los resultados obtenidos a partir de la encuesta aplicada a informantes clave identificados por su conocimiento y experiencia en el diseño, gestión, tramitación y seguimiento de las rentas mínimas autonómicas. Además, el documento técnico aborda los elementos más relevantes a considerar en posibles procesos de evaluación y reforma de estos sistemas.
A lo largo de este informe se hace un análisis de los sistemas de rentas mínima en el ámbito de la Unión Europea y su evolución en España, para a continuación abordar su regulación y el desarrollo a nivel autonómico, teniendo en cuenta, además de su evolución a lo largo del tiempo, la forma en la que estos sistemas autonómicos han asumido la irrupción del Ingreso Mínimo Vital. El informe finaliza con unas conclusiones y propuestas sobre los principales aspectos que se deben abordar en la creación de un sistema de garantía de rentas eficiente, sin olvidar que su fin último es la luchar contra la pobreza y la exclusión social en una sociedad avanzada como la nuestra.
