La lucha contra el cambio climático está cada vez más presente en nuestro día a día, y cada vez se destinan más fondos públicos dirigidos a fomentar una economía más sostenible. Un ejemplo de ello es el recién aprobado Plan de Recuperación y Resiliencia, que supondrá para Españaña la movilización de 72.000 millones de euros de fondos europeos hasta 2023, de los cuales al menos el 37%, es decir 26.640 millones de euros, están relacionados con inversión y reformas encaminadas a reducir nuestras emisiones para el 2030 en un 60% y alcanzar la neutralidad climática en 2050, según se recoge en la Ley del Clima europea.
En esta línea, la Comisión reconoce el papel fundamental de la construcción y la rehabilitación ya que los edificios contribuyen con el 40% de toda la energía consumida y producen el 36% de todos los gases de efecto invernadero. Por ello, publicó su estrategia “Ola de rehabilitación”, con el objetivo de mejorar la eficiencia energética de los edificios, tratando de rehabilitar 35 millones de inmuebles y creando 160.000 empleos verdes en el sector de la construcción de toda Europa.
A su vez, el Gobierno central ha dado sendos pasos para poder acceder a esta cuantiosa cantidad de dinero, publicando la reciente Ley de Cambio Climático. En ella se incorporan medidas firmes, aunque no libres de controversia, como el fin de las exploraciones de hidrocarburos y de la minería radiactiva, o el hecho de que en 2040 dejen de estar presentes en los concesionarios los vehículos con motores convencionales -es decir, diésel y gasolina-. De nuevo, el parque edificatorio sigue teniendo un papel muy importante, con medidas relativas a la rehabilitación, autoconsumo y calefacción y refrigeración sin emisiones.
No solo en el ámbito nacional, pues también a nivel local las administraciones municipales deberían ser las impulsoras más importantes de estas medidas al ser las más cercanas al ciudadano, ya sea promoviendo nuevas medidas o facilitando la gestión de otras procedentes de otras administraciones. El contraste lo encontramos cuando observamos que se pueden contar con los dedos de una mano los municipios de Castilla y León que presentan entre sus planes de desarrollo un Plan de Energía y Clima, en comparación con otras regiones como Galicia, Andalucía y Cataluña donde es una práctica común en la gestión urbana.
Sin ir más lejos, en Medina del Campo tal plan ni le hay ni se le espera. Únicamente se realizan tímidas propuestas relacionadas con el cambio climático per se, como una leve rebaja fiscal del IBI en caso de instalar paneles solares o la reciente publicación de la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos. Pero, ¿estas medidas son las que mejor encajan con la realidad y necesidades de Medina? ¿son las más eficientes en la reducción de emisiones en relación a la inversión necesaria? ¿aseguran que para 2030 cumpliremos con los objetivos medioambientales adquiridos? Ciertamente, los legisladores no conocen las respuestas o, al menos, no ponen interés en conocerlas. En este ámbito, se están dejando llevar por el populismo ambiental y las modas a la hora de gestionar el dinero e intereses públicos.
Se da la incongruencia de que todas las formaciones claman a los cielos la necesidad atraer empresas y población -con razón- pero la estrategia central se basa, desde hace demasiado tiempo, en fomentar otros sectores que presentan una gran temporalidad y precariedad – como es el turismo – a costa de que, por ejemplo, nuestros polígonos no dispongan de infraestructuras básicas o del grave problema en materia de alquiler y vivienda que sufre nuestra villa.
Por supuesto, Medina del Campo es una villa con un gran patrimonio cultural que merece ser visitado por el mayor número de personas posibles. Sin embargo, es importante preguntarse cuándo dejaremos de sufrir la falta de ambición de nuestros políticos, para convertir a Medina del Campo en una villa innovadora, sostenible y eficiente
Colaboración del Ingeniero e Investigador en CARTIF, Ismael Lozano
