Redacción.- La Comisi?n Nacional de los Mercados y la Competencia impugn? el art?culo 49 del Decreto de la Junta de 20 de diciembre de 2018 por el que se aprueba el Reglamento de las Denominaciones Geogr?ficas de Calidad Alimentaria de Castilla y León, entendiendo que con dicha regulaci?n se vulneraban y mermaban los principios de la libre competencia, al impedir un sistema de control por terceros organismos de certificaci?n acreditados.
La regulaci?n aprobada a propuesta de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural establece que la verificaci?n de que los productos cumplen, antes de su comercializaci?n, con los pliegos de condiciones de una denominaci?n de origen protegida vitivin?cola o de las indicaciones geogr?ficas protegidas de productos agroalimentarios, puede ser realizada por el consejo regulador de las mismas, siempre que cuenten con la correspondiente acreditaci?n europea ISO.
Como argumentan los Servicios Jur?dicos de la Junta, la sentencia confirma la legalidad de lo establecido en el Decreto, pues esa funci?n de verificaci?n corresponde a la Administraci?n auton?mica, y ?sta se la puede atribuir por delegaci?n a otros organismos reguladores, entre los que pueden estar perfectamente los consejos reguladores, que forman parte de la llamada administraci?n corporativa, cosa que ha efectuado la norma.
Se?ala Luis Miguel Gonz?lez Gago, director de los Servicios Jur?dicos de la Consejería de la Presidencia, su satisfacci?n por el pronunciamiento de la sentencia, si bien aclara que todavía no es firme ya que cabe recurso de casaci?n ante el Tribunal Supremo, remarcando que, en todo caso, as? el desarrollo de las actuaciones y competencias de verificaci?n se mantienen, al menos parcialmente, en la ?rbita administrativa, en lugar de pasar su ejercicio a reguladores privados.
Establece la sentencia que la Junta ha optado novedosamente, dentro de su potestad de auto organizaci?n y en ejercicio de su potestad reglamentaria, y as? se justifica adecuadamente en la exposici?n de motivos del Decreto, por un modelo de verificaci?n consistente en atribu?rselo a los consejos reguladores frente a otros modelos de atribuci?n de esta verificaci?n, en r?gimen abierto, a organismos certificantes acreditados, modelo novedoso que incluso estuvo planteado por el Estado durante la tramitaci?n de los proyectos de los que luego resultar?a su Real Decreto de 2017 que regula esta materia en ese ?mbito, y que además está avalado por una sentencia del Tribunal Constitucional de 14 de febrero de 2013.
Seg?n el registro oficial de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Castilla y León cuenta 13 Denominaciones de Origen vitivin?colas y 1 Indicaci?n Geogr?fica Protegida, que se ver?an beneficiadas por esta sentencia y, asimismo, tambi?n se beneficiar?an las no vúnicas, donde existen 4 Denominaciones de Origen Protegidas y 19 Indicaciones Geogr?ficas Protegidas.
