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martes, noviembre 30, 2021

La Junta demanda al Estado solicitando el pago de 182 millones de euros del IVA del 2017

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Redacción.-

La Direcci?n de los Servicios Jur?dicos de la Consejería de la Presidencia ha formalizado la demanda judicial ante el Tribunal Supremo reclamando al Estado el abono de los 182 millones de euros que corresponden a la Comunidad de Castilla y León de acuerdo con las leyes por el IVA pagado por los ciudadanos en noviembre de 2017. El Gobierno ha hecho caso omiso de la previa reclamaci?n y posterior requerimiento en vía administrativa, que le dirigi? la Junta de Castilla y León durante este año 2020 para evitar el conflicto judicial, y no ha dado respuesta a las mismas.

Los Servicios Jur?dicos han presentado la demanda judicial en reclamaci?n de cantidad al Estado del pago de 182 millones de euros no ingresados en las arcas auton?micas, como era su derecho, correspondientes a la p?rdida de ingresos en la liquidaci?n del año 2017 correspondiente al IVA, que ascienden directamente a un total de 120,49 millones de euros de principal, y 61,51 millones de euros de perdida indirecta -que se corresponden a 30,98 millones de euros por el Fondo de Garant?a de Servicios públicos Fundamentales, 21,21 millones de euros correspondientes al Fondo de Suficiencia Global y 9,32 millones de euros del Fondo de cooperaci?n-.

El conflicto?surgi? con la aprobaci?n por el Estado del Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre, donde se estableci? un nuevo sistema de llevanza de libros registro a trav?s de la Sede Electrúnica de la Agencia Tributaria, ampliando el plazo de liquidaci?n del IVA para todos aquellos sujetos pasivos cuya obligaci?n de autoliquidar el impuesto era mensual -grandes empresas, grupos de IVA e inscritos en el Registro de Devoluci?n Mensual del IVA-. Tras el cambio, la fecha l?mite para liquidar cada mes pas? del día 20 al día 30 del mes siguiente, y con este retraso, el ingreso de la liquidaci?n del IVA de noviembre de 2017 pas? de contabilizarse en diciembre de 2017 a contabilizarse en enero de 2018, es decir, en otro ejercicio, a pesar de que fue efectivamente ingresado por las empresas en el Estado dentro del año 2017.

Este cambio en las fechas de ingreso del IVA solamente le provoc? al Estado un retraso de 10 días en el ingreso en su caja, ya que recaud? lo mismo que hubiera recaudado conforme a las reglas antiguas. Sin embargo, para las comunidades aut?nomas, como Castilla y le?n, ha supuesto la p?rdida de la financiaci?n de un mes entero del IVA en la liquidaci?n del sistema para 2017, p?rdida que será permanente.

Ello ha conllevado, como se?ala el director de los Servicios Jur?dicos de la Junta, Luis Miguel Gonz?lez Gago, que la Comunidad tuviera que acudir al sistema de cr?dito al no disponer de un dinero con el que contaba, ya que con ?l se atendían servicios esenciales auton?micos que no podían dejar de prestarse, como los sanitarios, los educativos o los de servicios sociales, dinero que la Junta tendr? que devolver.

Fundamentos de la demanda judicial

En la demanda de esa cantidad se ponen de manifiesto las sucesivas y reiteradas peticiones efectuadas desde entonces por la Consejería de Econom?a y Hacienda, tanto por carta al Ministerio de Hacienda como en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, sin que el Estado haya materializado una soluci?n.

Se alega por los Servicios Jur?dicos Auton?micos que tal conducta del Estado vulnera el principio de legalidad, en sus previsiones tanto nacionales como europeas, ya que la Directiva del Consejo de Europa de 2006, relativa al sistema com?n del IVA, determina que los Estados miembros podr?n establecer otras obligaciones que estimen necesarias para garantizar la correcta recaudaci?n del IVA y prevenir el fraude, pero siempre que respeten el principio de igualdad de trato de las operaciones interiores, cosa que no ha ocurrido en este caso al no efectuarse esa transferencia interna; tambi?n se infringe el derecho a la autonom?a financiera de la Comunidad de Castilla y León, consagrado constitucionalmente, se produce la infracci?n de los principios de buena fe, confianza leg?tima y lealtad institucional, establecidos en la Ley de R?gimen Jur?dico del Sector público de 2015, y provoca un enriquecimiento injusto de la Administraci?n del Estado, ya que ?l s? cobr? a los ciudadanos, pero no ha pagado a la Comunidad, además de ser una medida claramente discriminatoria, dado que afecta únicamente a las comunidades aut?nomas de r?gimen com?n, como Castilla y León, pero no a las comunidades forales de Pa?s Vasco y Navarra, que se encuentran en la misma situación que el Estado, al no formar parte del sistema de financiaci?n auton?mico-.

Para el director de los Servicios Jur?dicos de la Junta, Gonz?lez Gago, la actuaci?n del Estado ha conllevado la vulneraci?n de la doctrina de no poder actuar contra los actos propios, ya que el Gobierno de la Nación reconoci? expresamente la situación producida y manifestá su compromiso de solucionarla, como evidenci? la aprobaci?n por el Consejo de Ministros del proyecto de Ley de presupuestos generales de Estado para 2019, que contemplaba expresamente la reversi?n de la medida de ampliaci?n del plazo de presentaci?n del IVA, permitiendo a la administraci?n del Estado computar 13 meses de IVA en t?rminos de caja, para compensar el que faltaba en la liquidaci?n de 2017. Se?ala Gonz?lez Gago que incluso la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal española ha puesto de manifiesto esta circunstancia en varios de sus informes, reconociendo el impacto negativo que aquella norma ha tenido en la liquidaci?n de los recursos del sistema de financiaci?n de 2017 a percibir en 2019 por las comunidades aut?nomas, que tendrían una p?rdida recaudatoria cercana a los 2.500 millones de euros para su conjunto -0,2 % del PIB-, y que en Castilla y León se estim? en el 0,27 % del PIB.

Por todo ello, la Junta reclama? judicialmente al Estado el abono efectivo de los 182 millones de euros o, de forma subsidiaria, solicita que se le pague esa cuant?a como indemnizaci?n de daños y perjuicios por responsabilidad patrimonial del Estado, o en Último caso, que se aplique el sistema de compensaci?n, de tal forma que cualquier deuda que pudiera tener la Junta de Castilla y León con el Estado ahora o en un futuro se vaya sufragando contra ese cr?dito.

 

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