Redacción.-
?Los intereses económicos privados no pueden servir de pretexto a la Junta de Castilla y León para negarse a informar sobre lo que de verdad ha ocurrido en las residencias?, se?ala Soraya Bl?zquez?
La procuradora socialista, Soraya Bl?zquez, defendi? en la Comisi?n de Transparencia celebrada esta tarde en las Cortes que la Junta haga públicos en el Portal de Transparencia los datos desagregados del número de personas afectadas por el Covid-19 reflejando el numero de fallecidos por coronavirus diagnosticado y el número de fallecidos con sintomatolog?a compatible con el Covid 19 en todos los centros públicos y privados de residencias de personas mayadores de la Comunidad.
En su intervenci?n en defensa de la propuesta socialista, Bl?zquez consider? que ?no es de recibo que el gobierno auton?mico oculte estos datos a la opini?n pública porque no quiere perjudicar los intereses económicos de las empresas que buscan negocio con las residencias? ?y denunci? que el modelo de atenci?n a nuestros mayores que defiende y desarrolla desde hace años la Junta es el de ?hacer caja.?
En el caso de los fallecimientos en residencias privadas, el gobierno de? Mañueco entiende que los intereses económicos y comerciales de las empresas que gestionan las residencias están por encima del derecho de los ciudadanos a conocer qu?? sucedi? durante la pandemia en las residencias de mayores de su ?mbito territorial?, se?al? la procuradora quien acus? a la consejera de Familia e Igualdad? de Oportunidades de pretender eludir su responsabilidad ocultando datos referentes a su gesti?n de las residencias, sobre todo en cuanto a los criterios de las gerencias de Salud y de Servicios Sociales para el traslado de los mayores enfermos por coronavirus y con s?ntomas a los hospitales y primar su atenci?n en las propias residencias.
Bl?zquez denunci? asimismo que s?lo el 9 % de los centros residenciales son de titularidad pública en Castilla y León. ? El porcentaje de plazas residenciales privadas en es muy superior al de los públicos y la Junta se ha puesto del lado de sus gestores en vez del lado de los ciudadanos, que tienen derecho a saber lo que ha sucedido en los centros donde se cuida a sus familiares?, se?al? tras? la negativa de PP y Cs a la publicaci?n de los datos.
