Redacción.-
En el transcurso de un Foro de mediaci?n organizado por la C?mara de Comercio de Valladolid junto a la Diputación provincial, el ministro ha se?alado que su departamento trabaja ya en el desarrollo normativo de la mediaci?n en el ?mbito administrativo, un planteamiento que se sumar? a lo que ya viene contempl?ndose en el anteproyecto de ley sobre medidas procesales y tecnol?gicas sobre medios adecuados de soluci?n de litigios para los ?rdenes jurisdiccionales civil y social.
«La preparaci?n del anteproyecto está siendo un proceso presidido por la colaboraci?n, la participaci?n y el di?logo con los distintos sectores de la justicia, pero tambi?n con la sociedad civil. Nuestro objetivo es lograr un instrumento legislativo que sea ?til a nuestra sociedad», ha asegurado el ministro que recuerda que este instrumento normativo es uno de los tres ejes del plan Justicia 2030 para lograr una Justicia Sostenible, junto al?Real Decreto-ley 16/2020?de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 y a los planes de reactivaci?n en las distintas jurisdicciones.
Campo reconoce a la mediaci?n como un indicador de calidad en la prestación del servicio público y comparte el compromiso manifestado tambi?n por el CGPJ en su Plan de choque hacia esta nueva forma de tutela a trav?s del di?logo y el acuerdo.
«De forma paralela o previa a acudir a los tribunales, vamos a promover una nueva forma de resolver las diferencias de forma amistosa, desde el di?logo y el convencimiento mutuo en la soluci?n alcanzada, trasladando el m?ximo protagonismo a las partes y evitando costes innecesarios tanto para los intervinientes como para el conjunto de los contribuyentes», ha se?alado.
Para dar una idea del volumen de actividad, el ministro ha recordado las estimaciones sobre el incremento en la entrada de asuntos pr?ximos al 140% en la jurisdicci?n social, del 145% en la jurisdicci?n civil y del 125% en contencioso administrativo. Y en retrospectiva, ha apuntado los datos que recoge la memoria 2019 del Consejo General del Poder Judicial del ejercicio 2018, según la cual, ingresaron 208.374 asuntos en esta jurisdicci?n, con una duraci?n media de los procesos que alcanza un periodo de entre 10 y 14 meses y un total de 126.849 sentencias dictadas en los diferentes ?rganos de esta jurisdicci?n.
Campo ha reivindicado por tanto la importancia de estos mecanismos de soluci?n de controversias que son reclamados no s?lo por el sector Justicia sino tambi?n por las empresas, y en ese sentido, ha apuntado que «desde hace muchos años, el mundo empresarial a trav?s de las C?maras de Comercio, ha promovido la mediaci?n o el arbitraje para resolver de forma consensuada las diferencias en relaci?n con las PYMES, los autónomos o las grandes empresas».
Para acometer esta tarea, Campo ha resaltado, asimismo, el papel imprescindible de las Comunidades Autónomas, las Diputaciones Provinciales y los Ayuntamientos, como actores fundamentales en el proceso de implantaci?n de mecanismos como la conciliaci?n o la mediaci?n administrativa.
Mediaci?n en el ?mbito público
El ministro comparte con el Consejo de Estado la complejidad que entra?a la mediaci?n administrativa ya que el principio de libre disposición es mucho más reducido en el ?mbito público, siendo consciente de que la Administraci?n tiene limitada la capacidad negociadora, lo que aconseja a futuro una iniciativa normativa diferenciada.
Del mismo modo, las políticas públicas que emprenda Justicia en esta materia van a ser cohonestadas con el Ministerio de Administraci?n Territorial y Funci?n P?blica, en lo concerniente a la modificaci?n de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Com?n de las Administraciones P?blicas y con el Ministerio de Hacienda en lo que se refiere a la Ley General Tributaria, Ley General Presupuestaria y Ley de Patrimonio de las Administraciones P?blicas, entre otras normas.
«La implantaci?n de las soluciones amistosas de diferencias en el ?mbito administrativo implica transformar la relaci?n Administraci?n-ciudadano de unidireccional a bidireccional a trav?s del di?logo y desde la flexibilidad», ha abundado el ministro, mostrando su voluntad para «ponderar y equilibrar el inter?s general y el reconocimiento del inter?s particular y leg?timo de los ciudadanos en una Administraci?n integradora y democr?tica, como reflejo de una buena gobernanza».
