JUPOL denuncia que los vehículos para la renovación de DNI en zonas rurales están paralizados por falta de homologación
El Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, vuelve a estar en el punto de mira tras un nuevo escándalo en la gestión de los recursos públicos. JUPOL, el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, ha denunciado que las 80 furgonetas adquiridas para la expedición del DNI y pasaportes en zonas rurales no pueden circular debido a un grave error administrativo: superan la Masa Máxima Autorizada (MMA) de 3.500 kg y no están homologadas.
Un proyecto paralizado que afecta a miles de ciudadanos
El proyecto estrella del Ministerio tenía como objetivo acercar el servicio de documentación a los municipios más alejados, evitando desplazamientos innecesarios a grandes ciudades. Sin embargo, la falta de planificación ha dejado los vehículos inmovilizados y sin fecha de puesta en marcha, afectando a miles de ciudadanos que esperaban contar con este servicio.
El problema radica en que, tras instalar todos los equipos necesarios en las furgonetas, su peso supera el límite legal para vehículos ligeros, lo que impide su circulación sin la homologación correspondiente.
20 millones de euros en vehículos inútiles
JUPOL denuncia que la adquisición de estos vehículos ha supuesto un gasto de unos 20 millones de euros, ya que cada furgoneta ha costado aproximadamente 250.000 euros. Ahora, el Ministerio del Interior deberá asumir costes adicionales para intentar solucionar el error, bien adaptando los vehículos o bien gestionando su homologación, lo que podría retrasar aún más el proyecto e incrementar el gasto público.
JUPOL exige explicaciones y soluciones inmediatas
Desde JUPOL han calificado esta situación como una muestra más de la improvisación y falta de rigor técnico en la gestión del Ministerio del Interior.
«Es inaceptable que un proyecto de tal relevancia social se haya gestionado con tanta falta de previsión. Exigimos explicaciones y, sobre todo, soluciones inmediatas para que estos vehículos puedan cumplir su función y no se conviertan en otro despilfarro de dinero público», han señalado desde el sindicato.
JUPOL también ha recordado que esta falta de planificación afecta directamente a miles de ciudadanos en zonas rurales, quienes ven frustradas sus expectativas de contar con un servicio más accesible para la renovación de su documentación.
El sindicato ha instado al Gobierno a actuar con rapidez y responsabilidad para corregir el problema lo antes posible y evitar que esta situación se prolongue en el tiempo.
Otro golpe a la confianza en la gestión del Ministerio del Interior
Este nuevo escándalo no solo supone un problema logístico y económico, sino que también representa un duro golpe a la confianza de los ciudadanos en la administración pública y en su capacidad para gestionar eficazmente los recursos del Estado.
JUPOL ha reafirmado su compromiso con la defensa de los intereses de los policías nacionales y de los ciudadanos, asegurando que seguirá vigilante para que este asunto no quede en el olvido y se tomen las medidas necesarias para corregirlo cuanto antes.
