El Gobierno español ha anunciado su decisión de llevar al Tribunal Constitucional las leyes autonómicas que pretenden derogar la regulación de la Memoria Democrática en diversas comunidades del país. Este movimiento se produce después de que Aragón, la Comunitat Valenciana y, más recientemente, Castilla y León, hayan impulsado legislaciones para revocar las normativas vigentes en materia de Memoria Democrática.
El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática se encargará de analizar si estas leyes autonómicas infringen la Ley de Memoria Democrática de 2022 y los tratados internacionales de derecho humanitario suscritos por España.
En este sentido, los grupos parlamentarios del Partido Popular (PP) y Vox en Castilla y León presentaron una proposición de ley autonómica de la Concordia, con el objetivo de derogar el actual Decreto de Memoria Histórica y Democrática. Por su parte, el Gobierno de Aragón derogó en febrero pasado su ley autonómica de Memoria Democrática, mientras que la Comunitat Valenciana presentó una propuesta similar en marzo.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Víctor Ángel Torres, ha afirmado que se está evaluando cada texto legal y, de ser necesario, se presentarán recursos de inconstitucionalidad. «Este Ministerio está comprometido con el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática para reparar el daño a todas las víctimas», agregó.
Por otro lado, Torres aseguró que el Gobierno garantizará las exhumaciones en Aragón y en todo el país, además de seguir subvencionándolas. Sin embargo, expresó preocupación por las disposiciones de la ley aragonesa, que niega homenajes a personas represaliadas durante el franquismo y elimina el mapa de fosas, entre otros aspectos.
El ministro también criticó la proposición de ley de la Concordia de Castilla y León, que busca honrar la historia de España sin condenar la dictadura de Franco, considerando que intenta igualar los años democráticos de la II República con el periodo franquista, algo que calificó de inadmisible.
Según Torres, estas iniciativas promovidas en Aragón, la Comunitat Valenciana y Castilla y León buscan blanquear la dictadura franquista y condenar a las víctimas al olvido.
