La Audiencia Provincial de Valladolid dictaminó la condena de una pareja como coautores de dos delitos de falsedad documental y estafa procesal. El caso se remonta a un procedimiento de desahucio y ha pasado por diversas etapas judiciales hasta llegar a esta sentencia.
Cronología del caso.
El proceso comenzó con el desahucio, dando lugar a las Diligencias Previas. Tras diversas fases, la Audiencia Provincial de Valladolid asumió el caso, fijando el juicio para el 31 de enero de 2024. Sin embargo, un giro inesperado ocurrió el 29 de enero de 2024, cuando la Fiscalía y la Acusación Particular, junto con los acusados y sus defensas, solicitaron la suspensión de las citaciones de testigos y peritos.
Conformidad y sentencia
En una de las audiencias, las partes, incluyendo a los acusados, expresaron su conformidad con los hechos, la calificación, las penas y la responsabilidad civil. Este acuerdo llevó a una sentencia anticipada, declarada firme al no interponerse recursos.
La Audiencia provincial condenó por dilaciones indebidas a las penas, por cada uno de los delitos de un año de prisión con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante la condena y 6 meses de multa (con cuota diaria de 3 euros),
Beneficio de suspensión de la ejecución.
Tras la condena, se discutió la posible concesión del beneficio de suspensión de la ejecución de la pena. Tanto el Ministerio Fiscal como la Acusación Particular informaron a favor de conceder este beneficio a ambos condenados. La mujer obtuvo una suspensión por tres años, mientras que el varón recibió una suspensión de cuatro años, ambas condicionadas a ciertos requisitos y obligaciones.
Implicaciones y resolución del caso
El fallo destaca la responsabilidad de la pareja en la fabricación de informes de pruebas COVID-19, provocando la suspensión de lanzamientos programados. La sentencia establece la condena a un año de prisión, multas y responsabilidad civil conjunta de 3.600 euros.
