Varios centros educativos públicos en la provincia de Valladolid, y por ende Medina del Campo, han clamado por sus derechos con varias convocatorias a las puertas de los edificios
De la Fuente-. El Instituto Gómez Pereira de Medina del Campo fue uno de los que, el pasado viernes, 5 de febrero, celebró una concentración a las puertas del edificio con el objetivo de clamar por sus derechos. Y es que la Junta de Personal Docente de Centros Públicos no Universitarios de Valladolid ha denunciado el impago del segundo libramiento -pago de fondos aprobados y comunicados a los centros en enero de 2023-, que tendrían que percibir estos inmuebles para los gastos de funcionamiento. «Un recorte encubierto» que afectaría a su día a día, tal y como defienden en un comunicado.
En esta línea, advierten que las partidas presupuestarias de la Consejería de Educación no pueden someterse a «modificaciones injustificadas y caprichosas a finales de año, cuando los centros tienen elaborado un balance económico que se ajusto a unas necesidades de mínimos; presupuestos que han sido enviados y aprobados por la Dirección Provincial en tiempo y forma».
En el mencionado escrito, este organismo cerciora que, una vez cerrado el ejercicio económico del 2023, ningún centro habría percibido el segundo libramiento ordinario. Una razón por la que los centros se habrían visto obligados a adelantar «muchos pagos, recurriendo a otros fondos que no son para gastos de funcionamiento, con todo lo que ello supone». Además, añaden: «Los colegios de Educación Infantil y Primaria, cuyos gastos de calefacción y luz dependen de los ayuntamientos, no han recibido nada del libramiento que les corresponde para sufragar sus gastos de funcionamiento ordinarios».
Esta situación sería «incluso peor» en los institutos y centros de FP, «ya que apenas han recibido una pequeña suma para gastos de luz y calefacción; cantidades insuficientes que se traducen en dos horas de calefacción al día en más de un centro, y que acabarán en ninguna hora en breve». Estas circunstancias también habrían derivado en que algunos módulos concretos, como los de cocina o restauración, no han podido comprar material.
«Es una decisión injusta e improcedente», defienden desde la Junta de Personal Docente de Centros Públicos no Universitarios de Valladolid, «para la que aún no hay explicación, y por eso exigimos a la Dirección Provincial de Valladolid y a la Consejería de Educación que cumplan con la partida presupuestada, así como que nos indiquen y aclaren qué ley ampara el cumplimiento de los pagos anuales con los que los centros han hecho sus cuentas desde principios de 2023».
Es este escenario el que habría provocado varias movilizaciones en centros de toda la provincia de Valladolid, incluyendo Medina del Campo. El objetivo de las convocatorias ha sido el reivindicar «una educación de calidad» y una inversión «digna que no se someta a cambios de última hora». Por ello, se exige el cumplimiento del pago estipulado a principios de año, y que «no jueguen con la buena voluntad de quienes gestionan nuestros centros y del profesorado de la provincia de Valladolid».
Así, y bajo la premisa de que «el presupuesto en materia de Educación debe ser intocable y la Escuela Pública merece ser respetada», esta entidad se reafirma en el hecho de que continuarán denunciando que la Administración «manipula los presupuestos a su antojo, hasta que se revierta la situación y se ingresen las cantidades estimadas del ejercicio económico del año 20232.
Ahora sí, cómo se nos llena la boca hablando de los resultados educativos de los alumnos a nivel nacional desde un despacho calentito.