El Consejo de Ministros, en su reunión de hoy, ha dado el visto bueno al contrato, con una duración inicial de tres años, y la posibilidad de prórrogas de hasta dos años adicionales. La intervención, valuada en 34,45 millones de euros (sin IVA), abarcará operaciones específicas en los kilómetros 72,000 y 74,100 de la carretera AP-61.
La medida contempla la rehabilitación superficial del firme en la A-6 entre los kilómetros 156 y 179, así como la instalación de malla conejera y el despeje de taludes en diversos puntos de la misma carretera. Estos trabajos contribuirán a mejorar la infraestructura y a fortalecer la seguridad vial en la región.
Un aspecto crucial de este contrato es su enfoque en la sostenibilidad. Los pliegos de licitación buscan la reducción de emisiones y la eficiencia energética, imponiendo a las empresas la obligación de calcular y compensar la huella de carbono generada durante la ejecución del contrato. Además, se exige la presentación de un plan de descarbonización en los primeros seis meses del contrato, con medidas para alcanzar un balance neutro de carbono en los cinco años subsiguientes.
La estrategia del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico respalda esta iniciativa, permitiendo la compensación a través de proyectos registrados en el Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono.
Con esta inversión, se busca reducir las 71,640 toneladas de CO2 anuales generadas por la Dirección General de Carreteras en sus operaciones ordinarias. Este es un paso crucial hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a los que el Ministerio está comprometido.
Este nuevo modelo de contratos mixtos refuerza la visión integral de movilidad del usuario, buscando mejorar el estado general de la carretera y optimizar los recursos públicos. El pasado año, ya se implementaron medidas de eficiencia energética en las instalaciones de servicio, como el autoconsumo, sistemas renovables de calefacción y medidas de ahorro energético en la iluminación.
La iniciativa no solo promueve la seguridad vial y el buen estado de las carreteras, sino que también avanza hacia una gestión más sostenible y eficiente de los recursos públicos en línea con los desafíos medioambientales actuales.
