-La Guardia Civil investiga a tres vendedores ambulantes sorprendidos en un mercadillo con falsificaciones
La Guardia Civil ha llevado a cabo una investigación que ha resultado en la identificación y procesamiento de tres vendedores ambulantes, acusados de delitos contra la propiedad industrial, blanqueo de capitales y contrabando. Los sospechosos han sido identificados como MD (51 años), CS (40 años) y LGE (41 años).
Los hechos tuvieron lugar durante el mercado ambulante mensual celebrado el pasado octubre en una localidad de La Bureba, cuando los agentes del Destacamento Fiscal y Fronteras de la Aduana de Villafría de la Comandancia de Burgos realizaron una inspección de los puestos que ofrecían sus productos. El objetivo de esta operación era detectar y combatir el comercio ilícito de falsificaciones de ropa, calzado y complementos, lo que constituía una vulneración de los derechos de propiedad industrial de las marcas del sector.
Tres puestos en particular llamaron la atención de los agentes, que comenzaron a sospechar que la mercancía expuesta no era auténtica, a pesar de su apariencia de alta calidad. Un análisis más detenido arrojó dudas sobre la autenticidad de los productos.
Los vendedores no pudieron proporcionar la documentación necesaria para demostrar la trazabilidad y la licitud de su adquisición. Como resultado, la Guardia Civil procedió a la incautación de la mercancía.
Tras el correspondiente peritaje y la colaboración con los departamentos de defensa jurídica de las marcas oficiales afectadas, se confirmó que todos los productos eran falsificaciones. En total, se confiscaron 3.073 prendas, incluyendo equipaciones deportivas, abrigos, sudaderas, chándales, jerseys, polos, camisetas, pantalones y complementos, así como 245 pares de calzado deportivo. El valor de esta mercancía falsificada en el mercado asciende a más de 263.000 euros.
Las autoridades han iniciado diligencias que se han remitido al Juzgado de Instrucción de Briviesca. En cuanto al delito de contrabando, el Código Penal prevé penas que, en su grado máximo, pueden resultar en una pena de prisión de hasta 5 años y una multa que puede alcanzar el séxtuplo del valor de la mercancía.
