Redacción.-
En una reciente resolución, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha dado un giro en el caso relacionado con la liquidación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) correspondiente a los ejercicios 2010 a 2014 de una finca ubicada en el Polígono de Vicolozano, en Ávila. El tribunal ha estimado el recurso de apelación presentado por los Servicios Jurídicos de la Junta de Castilla y León, anulando el Decreto de la Alcaldía del Ayuntamiento de Ávila que había derivado la responsabilidad subsidiaria de pago a la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (SOMACyL).
La controversia se originó después de que en febrero de 2022, SOMACyL adquiriera una finca en el municipio de Ávila a la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB). El Ayuntamiento de Ávila emprendió acciones legales contra la entidad autonómica, buscando que esta asumiera el pago de 85.038,08 euros en concepto de IBI correspondiente a los mencionados ejercicios. La razón principal para la derivación de responsabilidad subsidiaria fue la insolvencia del propietario original, quien se encontraba en situación concursal desde 2011. Cabe destacar que en ningún momento se había requerido el pago del IBI al propietario posterior, es decir, a la SAREB.
SOMACyL, representada por los Servicios Jurídicos de la Comunidad, presentó un recurso contencioso-administrativo impugnando la decisión del Ayuntamiento de Ávila. Sin embargo, este recurso fue inicialmente desestimado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ávila en una sentencia emitida el 15 de mayo de 2023.
Los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Castilla y León no se dieron por vencidos y presentaron una apelación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Burgos del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Finalmente, el 26 de septiembre de 2023, esta instancia judicial emitió una sentencia que revocó el Decreto de la Alcaldía de Ávila. Como resultado, el Ayuntamiento de Ávila deberá reembolsar a SOMACyL la cantidad que había sido abonada indebidamente en concepto de IBI.
La sentencia argumenta que la declaración de insolvencia del deudor principal por parte del Ayuntamiento de Ávila fue realizada de manera incorrecta, ya que no se había seguido el procedimiento concursal para evaluar las posibilidades de recuperación de los fondos adeudados.
Esta resolución pone fin a una larga disputa legal y tiene importantes implicaciones financieras para las partes involucradas. El Ayuntamiento de Ávila deberá cumplir con la sentencia y reembolsar a SOMACyL el monto correspondiente al IBI de los ejercicios 2010 a 2014 de la finca en Vicolozano.
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