La Voz.- Los alcaldes de Valladolid y Zaratán, Jesús Julio Carnero y Roberto Migallón, respectivamente, han firmado hoy un protocolo general de actuación para la adhesión de Zaratán al sistema público de alquiler de bicicletas (BIKI). Este acuerdo tiene como objetivo promover la movilidad ciclista en el área metropolitana de Valladolid y reducir las emisiones derivadas del uso del automóvil entre la ciudad y sus municipios limítrofes.
El alcalde Jesús Julio Carnero destacó que este acuerdo es «una muestra más del diálogo constructivo que el equipo de Gobierno ha establecido con los pueblos del alfoz» y expresó su deseo de que otros municipios cercanos a Valladolid se sumen a este sistema en el futuro. Además, señaló que la bicicleta es un sistema de movilidad óptimo para la articulación metropolitana.
Para la instalación de las estaciones BIKI en Zaratán, se suscribirán los documentos necesarios con la empresa AUVASA, que gestionará el servicio. El Ayuntamiento de Zaratán tiene previsto incluir en sus presupuestos de 2024 una inversión aproximada de 100.000 euros para la ampliación del servicio, así como para cubrir los costes de gestión y explotación del sistema, estimados en alrededor de 20.000 euros al año.
Por su parte, el Consistorio de la ciudad del río Pisuerga ha mantenido reuniones con otros municipios del alfoz que desean promover medidas en favor de la bicicleta, con el objetivo de mejorar las conexiones metropolitanas y reducir los viajes en coche entre Valladolid y los municipios limítrofes. Se han iniciado gestiones con municipios como La Cistérniga y Laguna de Duero, y se están realizando acciones para mejorar las conexiones ciclistas en Santovenia, Renedo de Esgueva, Simancas, y otros.
Para supervisar la implementación de este protocolo general de actuación, se establecerá una Comisión Mixta de Seguimiento, que se reunirá al menos una vez al año y estará compuesta por los alcaldes Carnero y Migallón, con la facultad de delegar en representantes adecuados. El funcionamiento de esta comisión seguirá las normativas aplicables a los órganos colegiados de carácter administrativo.
