Redacción.-
La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha emitido una enérgica crítica tras la publicación de la orden de ayudas a la agricultura por la sequía en el BOE. Según la organización, estas ayudas resultan insuficientes para hacer frente a la magnitud del impacto que atraviesa el sector. Además, denuncian que se ha relegado al agricultor profesional, mientras importantes sectores, como el vitivinícola, han sido olvidados en un contexto de crisis de rentabilidad, aumento de costes e incertidumbre sobre el futuro de numerosas explotaciones.
La Unión de Uniones ya había advertido previamente, durante la Marcha de la Sequía realizada a principios de mes, que las ayudas no serían suficientes para paliar la grave crisis que afecta al sector agrícola. Lamentablemente, sus temores se han confirmado, y la orden de ayudas no solo queda corta, sino que también carece de una priorización adecuada al agricultor profesional.
La organización critica que la concesión de estas ayudas no tenga en cuenta las necesidades específicas de ciertos territorios, zonificando su reparto territorialmente sin considerar los impactos locales. Asimismo, destacan que los cultivos herbáceos de secano, afectados por la sequía, recibirían solo entre 22,5 y 45 euros por hectárea, cantidades que resultan insuficientes para compensar las pérdidas sufridas por los agricultores.
Uno de los aspectos más preocupantes es el olvido de sectores estratégicos, como el vitivinícola y oleícola, que enfrentan una crisis de rentabilidad sin precedentes debido a diversos factores como la pandemia, el incremento desmesurado de costes de producción, la guerra en Ucrania y la prolongada sequía. La Unión de Uniones alerta que muchos viticultores podrían verse obligados a abandonar su actividad debido a esta situación.
Frente a este panorama, la organización insta al Ministerio a aprovechar la partida nacional adicional de 162 millones de euros ofrecida por Bruselas para incrementar el montante de las ayudas. También hacen un llamado a las Comunidades Autónomas afectadas para que arbitren medidas que permitan la continuidad de numerosas explotaciones agrícolas, incluyendo las vitícolas, que actualmente se encuentran en grave riesgo de continuidad tanto en lo productivo, económico como en lo social.
