Redacción.-
Se ha investigado a cuarenta y ocho agricultores y al responsable de una empresa de venta de semillas, por la compra-venta y siembra fraudulenta de semillas certificadas de cereal. El resultado de los análisis confirmó que tanto la empresa como los agricultores investigados empleaban semillas certificadas sin el pago del correspondiente canon.
7 de julio de 2023. La Guardia Civil, en el marco de la denominada «Operación ACESE», ha procedido a la investigación de 49 personas por delitos relativos a la propiedad industrial en el ámbito agrario.
Los hechos se iniciaron en junio de 2021, a raíz de una denuncia recibida en una empresa dedicada al servicio de acondicionamiento (limpieza y selección) de grano, ubicada en la comarca de Peñafiel (Valladolid). En dicha denuncia se señalaba la existencia de deficiencias graves en la cumplimentación de la documentación de trazabilidad del grano propiedad de algunos agricultores, así como la entrada de vehículos agrícolas vacíos que posteriormente salían cargados con grano o semilla a granel. Esto levantó sospechas de posible venta de material de reproducción o multiplicación de variedades vegetales protegidas por la legislación nacional o de la Unión Europea (semillas certificadas).
La Guardia Civil, tras tomar conocimiento de los hechos, llevó a cabo una inspección en las instalaciones de la empresa investigada, así como el análisis de la documentación relacionada con sus actividades. Después de estudiar la documentación aportada, se recogieron muestras de espigas de trigo y cebada en diferentes parcelas de las provincias de Valladolid, Palencia, Segovia y Burgos. Estas muestras fueron enviadas al Centro Nacional del Instituto de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España, para realizar los correspondientes ensayos de campo. Estos ensayos consistieron en la siembra controlada de las muestras de espigas de semillas tomadas, a fin de certificar la variedad vegetal a la que correspondían, tras esperar un ciclo biológico de un año.
Los resultados de los ensayos de campo determinaron que la mayoría de las muestras correspondían a variedades certificadas y protegidas de cebada y trigo, todas ellas amparadas por la normativa de protección comunitaria de las obtenciones vegetales en el ámbito de la Unión Europea. Además, los ensayos detectaron el uso fraudulento de la variedad vegetal protegida de cebada «CIB 333».
Con los resultados de los análisis, se ha podido comprobar que las variedades declaradas en los acondicionamientos de semillas eran distintas a las que realmente fueron empleadas por los agricultores investigados, tal como quedó demostrado en los informes del Instituto de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria. Las semillas utilizadas fraudulentamente están sujetas a los derechos de los obtentores mediante el pago de un canon anual o royalties, los cuales intentaron eludir mediante estas prácticas.
Se sospecha que ciertos agricultores no justificaban la compra legal de semillas certificadas, lo que apunta a la existencia de un mercado ilegal que ofrecía las variedades más modernas, resistentes y costosas del mercado a un precio más bajo del que correspondía.
A pesar de que los agricultores eran conscientes del uso de semillas certificadas, declaraban el empleo de una variedad diferente en las Ayudas de la Política Agraria Común (P.A.C.).
El reempleo de la semilla propiedad del agricultor para su autoconsumo es una actividad legal para determinadas variedades agrícolas, siempre y cuando sea realizada por empresas autorizadas. Los agricultores y las empresas deben garantizar la trazabilidad de la semilla acondicionada (limpia y seleccionada), asegurando que esta se corresponda con la entregada previamente por el agricultor. El control administrativo y técnico de este proceso corresponde a las comunidades autónomas. Los agricultores que se acojan al acondicionamiento de grano deben comunicarlo previamente al propietario de la patente y abonar un derecho cada vez que multipliquen la semilla, en el caso de variedades certificadas protegidas. Se exceptúa a los pequeños agricultores. Además, no pueden entregar su semilla acondicionada a terceros, ni siquiera en el caso de variedades libres, ya que esta actividad se consideraría comercio y todo grano que se comercialice debe ser certificado. Las actividades descritas constituyen delitos relativos a la propiedad industrial, al mercado y a los consumidores, que conllevan una pena de uno a tres años de prisión.
En relación con estos hechos, se han iniciado las diligencias policiales, que han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Guardia de Valladolid, junto con una copia remitida a la Fiscalía de Urbanismo y Medio Ambiente de Valladolid.
