Redacción.- En el marco de la operación «RIBER-73», la Guardia Civil ha llevado a cabo la detención de CMF (46), quien es señalada como presunta autora de un delito contra los derechos de los trabajadores. La investigación se inició el pasado mes de mayo a raíz de la denuncia presentada por una pareja de origen marroquí, quienes afirmaron haber trabajado para esta persona en la comarca de La Ribera, desempeñándose principalmente en el sector agrícola y ganadero durante los meses de febrero, marzo y abril.
Según relataron los denunciantes, tras finalizar su periodo laboral, en el cual no contaron con ningún tipo de documento contractual, la empresaria les adeudaba la suma de 750 euros a cada uno por las labores realizadas. Los agentes han llevado a cabo las investigaciones necesarias, recopilando testimonios y reuniendo pruebas suficientes para demostrar que existió una relación laboral entre los denunciantes y la acusada. Ambos fueron empleados en la poda en seco y limpieza de viñas, así como en una granja ovina de la comarca.
Además, se constató que la persona denunciada disponía de un local que utilizaba como vivienda y que alquiló a la pareja durante el tiempo que duró su empleo. Este inmueble, que normalmente se destina al alojamiento de trabajadores temporales de la empresa que posee, fue compartimentado para su uso como vivienda.
Durante las pesquisas, se pudo determinar que no se formalizó ningún contrato laboral entre ambas partes y que los denunciantes no estaban dados de alta en la Seguridad Social, lo que significa que no se respetaron los derechos laborales que la ley reconoce a los trabajadores.
Aunque los denunciantes carecían de permiso de trabajo en España, lo que les garantizaría una estancia legal en el país, las autoridades también han enfocado sus acciones hacia la protección y asistencia de las víctimas, quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad debido a su condición de extranjeros (desconocimiento del idioma, escasos recursos económicos, aislamiento social, entre otros).
En ocasiones, estas circunstancias son aprovechadas por los empleadores para, abusando de la confianza y mediante engaños, imponer horarios abusivos y condiciones de vida precarias, llegando incluso a incumplir el acuerdo económico pactado.
La operación «RIBER-73» ha sido llevada a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Burgos y el personal de Seguridad Ciudadana de la Compañía de Aranda de Duero. Las diligencias instruidas en el caso han sido entregadas al Juzgado de Instrucción Nº 2 de Aranda de Duero.
Desde la Guardia Civil, se destaca la importancia de la colaboración ciudadana para comunicar y denunciar este tipo de situaciones. El temor a posibles represalias muchas veces frena a los perjudicados, quienes nunca llegan a dar a conocer su situación.
