Redacción.- Las administraciones de Castilla y León (municipios, universidades, diputaciones y administración autonómica) aceptaron el 75% de las recomendaciones que les efectuó el Consejo de Cuentas durante el ejercicio 2021.
Así se desprende de las contestaciones realizadas por las administraciones durante 2022 a las 380 recomendaciones que efectuó el órgano autonómico de control externo, tal y como se recoge en el Informe de seguimiento de estas presentado hoy en las Cortes por el presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia.
Dicho porcentaje de aceptación comprende tanto aquellas recomendaciones que se considera que se han cumplido total o parcialmente como aquellas en las que únicamente se ha manifestado su conformidad. Este 75% de aceptación es el segundo mejor indicador desde que comenzó a realizarse este informe -en 2013-después del 81% alcanzado en 2020.
El Consejo de Cuentas, como en anteriores informes, vuelve a instar a la puesta en práctica de las recomendaciones no atendidas con el objetivo general de avanzar en la calidad de la gestión pública.
En esta línea, Amilivia manifestó que «el cumplimiento de las recomendaciones es el mejor reflejo de la «auctoritas» de la Institución en la medida en que supone que las administraciones atienden nuestras propuestas de mejora por el prestigio de nuestros análisis y opiniones, sin que legalmente estén obligadas a ello».
Según las normas internacionales de auditoría, «el seguimiento de estas observaciones completa el ciclo de fiscalización que realizan las instituciones de control externo». Y en este caso, mediante esta comparecencia «se proporciona una herramienta de transparencia para el ejercicio del control parlamentario que les corresponde como cámara representativa de los castellanos y leoneses», apuntó Amilivia.
Las recomendaciones son una consecuencia de las fiscalizaciones y su aplicación por parte de los entes auditados implica una mejora de la gestión de los recursos públicos. Teniendo en cuenta además su carácter no vinculante, su cumplimiento revela por parte de la entidad fiscalizada una voluntad de mejora de la gestión y un compromiso con la transparencia, subrayó el presidente del Consejo.
Este es el noveno informe anual de esta naturaleza, en el que se analiza si los entes fiscalizados aplicaron adecuadamente las recomendaciones formuladas en las auditorías. La elaboración de este trabajo se incorporó en 2013 al ser recogido en la ley por la que se modificó la organización y funcionamiento de las instituciones propias de la Comunidad.
Durante el año 2021 el Consejo de Cuentas aprobó 31 informes que contenían un total de 385 recomendaciones. De todas ellas, en este informe se analizan 380, correspondientes a 30 fiscalizaciones, ya que 5 no se analizan por carecer de destinatario específico.
El informe recoge diez conclusiones, la primera de las cuales indica que el grado de aceptación de las recomendaciones fue del 75%, El grado de aceptación por administraciones refleja en el caso de las universidades públicas un 92%; las diputaciones un 78%; los municipios un 70%; y la Junta de Castilla y León, el 68%.
En la evolución histórica de la aceptación de las recomendaciones por tipo de administración, destaca el informe que, salvo casos puntuales, todas las administraciones analizadas están por encima del 50% de recomendaciones aceptadas en los últimos años. En el caso de los municipios, que el año 2020 estaban en un grado de aceptación del 94%, este año han bajado 24 puntos porcentuales por la introducción de los informes de auditoria informática que exigen que los ayuntamientos dispongan de un personal altamente cualificado y muchos de ellos no han dispuesto de este personal para poder aceptar las recomendaciones.
En cuanto al cumplimiento de las recomendaciones por los distintos entes fiscalizados y de acuerdo con sus contestaciones se considera que han sido aplicadas de forma íntegra o parcial un total de 194 de las 380 analizadas, lo que representa un grado de cumplimiento del 51%.
La evolución del cumplimiento de las recomendaciones es muy heterogénea dependiendo de los entes fiscalizados que se incorporen al análisis. En 2021 se produjo un descenso de 4 puntos porcentuales respecto del 55% obtenido en 2020. El indicador más alto se alcanzó en 2019, con un 56%, y el más bajo se registró en 2015, con un 34%. En términos absolutos, en el acumulado de los nueve años en los que se lleva realizando el informe, han sido aplicadas, total o parcialmente, un total de 862 recomendaciones de las 1.820 analizadas, lo que representa un porcentaje medio del 47% para todo el periodo 2013-2021.
En relación con el porcentaje de cumplimiento, comoen años anteriores, es muy heterogéneo entre las diversas administraciones: las diputaciones y el Consejo Comarcal del Bierzo el 67%, en términos absolutos, 124 de 186; la Junta de Castilla y León el 38%, es concreto, 23 de 61; los municipios el 37%, 40 de 108; y las universidades 28%, 7 de 25.
Atendiendo a la naturaleza, legal o especial del Informe, el porcentaje de cumplimiento de las recomendaciones este año no varía sustancialmente. En los informes legales fueron aplicadas total o parcialmente el 43% de las recomendaciones analizadas, es decir, 9 de 21, mientras que en los informes especiales el porcentaje alcanzó el 52%, 185 de 359.
El grado de cumplimiento de las recomendaciones de la Junta de Castilla y León, única administración que es fiscalizada todos los años, con un 38%, es inferior en 10 puntos al año anterior, siendo el tercer mejor registro de la serie histórica, después del 60% de 2019 y del 48% de 2020.
En los años precedentes, se produjo un 13% de cumplimiento total o parcial en 2013; 20% en 2014; 22% en 2015; 22% en 2016; 32% en 2017; y 31% en 2018.
Junto al grado de cumplimiento íntegro o parcial de las recomendaciones, el Consejo considera destacable el porcentaje de recomendaciones, un 24%, que, no habiendo sido todavía aplicadas a la fecha de realización del informe, el ente fiscalizado ha tomado en consideración por estar de acuerdo con su contenido. Hay que tener en cuenta -precisó Amilivia- que, según cada caso, los trámites a seguir para poder cumplir una recomendación pueden requerir plazos más amplios.
Seguimiento de las recomendaciones por cada uno de los informes:
– Cuenta General de la Comunidad, ejercicio 2019: de las 19 recomendaciones, 3 se corrigieron, 5 se aplicaron parcialmente y 11 no fueron aplicadas, destacando que de ellas 7 no lo fueron porque la Junta de Castilla y León no comparte la recomendación del Consejo, y otras 2 fueron tomadas en consideración. En total, el grado de aceptación fue del 53%.
– Fondo de Compensación Interterritorial, ejercicio 2019: de las 2 recomendaciones remitidas una no fue compartida por la Junta y la otra fue tomada en consideración.
– Sistemas de evaluación del gasto público de la administración de la Comunidad: de las 5 recomendaciones enviadas, ninguna de ellas se aplicó, si bien, 3 se tomaron en consideración.
– Convenios celebrados por la Comunidad, ejercicios 2018-2019: se aceptaron todas las recomendaciones enviadas, en concreto de las 5 recomendaciones, se corrigió una y las otras 4 se aplicaron parcialmente.
– Cumplimiento de la normativa relativa a la inclusión de cláusulas sociales y medioambientales en la contratación de la Comunidad, ejercicios 2018-2019: de las 2 recomendaciones transmitidas específicamente a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, una se aplicó parcialmente y la otra fue tomada en consideración. En el caso de la enviada a la Junta, no fue contestada.
– Aplicación de la normativa en materia de dependencia, en colaboración con el Tribunal de Cuentas: de las 6 recomendaciones enviadas, 4 se mandaron específicamente a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, de las cuales una se corrigió, 2 no fueron compartidas y una se tomó en consideración. En el caso de la Junta, de las 2 enviadas, una fue corregida y la otra se tomó en consideración.
– Análisis comparativo de los gastos no sanitarios de funcionamiento de los principales Hospitales Públicos de la Comunidad: de las 6 recomendaciones dirigidas a la Gerencia Regional de Salud, una corrigió totalmente, dos se aplicaron parcialmente y las otras tres se tomaron en consideración.
– Situación de la implantación de la contabilidad analítica en las Universidades Públicas, en colaboración con el Tribunal de Cuentas: de las 5 recomendaciones que recibe cada una de las cuatro universidades, la de Burgos no comparte una y toma en consideración 4; la Universidad de León aplica una parcialmente, otra no la comparte y 3 toma en consideración; la Universidad de Salamanca aplica 3 parcialmente y toma en consideración dos; y la Universidad de Valladolid corrige 2 y toma en consideración las otras 3. De las 7 recomendaciones enviadas a la Consejería de Educación, 2 no fueron compartidas, 2 no contestadas y las otras 3 fueron tomadas en consideración.
– Situación económico-financiera de la Universidad de León y de sus entes dependientes: de las 5 enviadas una fue corregida y las otras cuatro fueron tomadas en consideración.
– Ayuntamiento de Salamanca, ejercicio 2018: de las 14 recomendaciones remitidas, se aplicaron total o parcialmente 9, es decir, el 64%; una fue imposible de verificar y las 4 restantes no se aplicaron.
– Ayuntamiento de Zamora, ejercicio 2018: de las 16 recomendaciones, se aplicaron total o parcialmente 12, y de las 4 no aplicadas 3 fueron tomadas en consideración, lo que suma un grado de aceptación del 94%.
– Seguimiento de las recomendaciones del informe de análisis de la Organización del control interno de la gestión económico-financiera y contable de las entidades locales: de las 19 recomendaciones enviadas en total, fueron corregidas 9, aplicada parcialmente 1, no contestadas 5; y 4 tomadas en consideración, lo que representa en total un grado de aceptación del 73%.
– Servicios de Asistencia Técnica de las diputaciones provinciales, con especial incidencia en su actividad para evitar la falta de rendición de las entidades locales: de las 39 recomendaciones remitidas, 12 fueron corregidas, 12 fueron aplicadas parcialmente, 2 no se comparten, 10 no fueron contestadas, y 4 fueron tomadas en consideración, lo que supone en total un grado de aceptación del 69%.
– En los 9 informes sobre la eficacia y eficiencia de la gestión recaudatoria en las diputaciones provinciales: La de Ávila aplicó total o parcialmente las 12 enviadas; la Diputación de Burgos, de las 11 recomendaciones, corrigió total o parcialmente 9 y las otras dos fueron tomadas en consideración (siendo consideradas todas aceptadas); la Diputación de León no contestó ninguna de las 10 recomendaciones; en el caso de la Diputación de Palencia, se aceptaron total o parcialmente 9 de las 12 recomendaciones, y una de las 3 no aplicadas fue tomada en consideración; la Diputación de Salamanca aplicó total o parcialmente 8 de las 10 recomendaciones enviadas y las 2 restantes no las aplica porque no las comparte; en el caso de la Diputación de Segovia, aceptó total o parcialmente las 11 recomendaciones; la Diputación de Soria corrigió 2 de las 10 recomendaciones enviadas, 3 fueron imposibles de verificar y de las 5 no aplicadas, 4 se tomaron en consideración; la Diputación de Valladolid, de las 9 recomendaciones enviadas, corrigió total o parcialmente 5, tomó una en consideración, 2 resultaron imposibles de verificar y otra no se comparte. Por último, en el caso de la Diputación de Zamora aceptó las 11 recomendaciones enviadas, aplicando total o parcialmente 6 y tomando en consideración 5.
– Continuando con los 7 informes sobre la seguridad informática de los ayuntamientos de Astorga, Béjar, Benavente, Ciudad Rodrigo, La Bañeza, Santa Marta de Tormes y Villaquilambre: el Ayuntamiento de Astorga aceptó las 8 recomendaciones del Consejo, tomando en consideración 7 y aplicando parcialmente la otra; el Ayuntamiento de Béjar no contestó a ninguna de las 6 recomendaciones; el Ayuntamiento de Benavente no contestó ninguna de las 12 recomendaciones, si bien lo hizo varios meses después de expirar el plazo concedido; de las 6 recomendaciones enviadas al Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, tomó en consideración 4 de ellas y 2 no las comparte; el Ayuntamiento de La Bañeza aceptó las 12 recomendaciones remitidas por el Consejo, corrigiendo 2 y tomando en consideración las 10 restantes; las 7 recomendaciones dirigidas al Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes se aceptaron, de las cuales 6 se corrigieron total o parcialmente y la restante se tomó en consideración. Y finalmente, del mismo modo el Ayuntamiento de Villaquilambre aceptó las 6 recomendaciones del Consejo, tomándolas en consideración.
– El último informe es el relativo a la implantación y gestión de la administración electrónica en las entidades locales de Castilla y León, en coordinación con el Tribunal de Cuentas: de las 40 recomendaciones enviadas a las diputaciones, 26 fueron corregidas; 6 aplicadas parcialmente; 4 no contestadas; y otras 4 tomadas en consideración. En total, fueron aceptadas el 90%. Y de las 21 recomendaciones remitidas a los ayuntamientos, 4 fueron corregidas; 6 aplicadas parcialmente; 6 no contestadas; y 5 tomadas en consideración. En suma, fueron aceptadas el 72%. Considerando conjuntamente las recomendaciones a diputaciones y ayuntamientos fueron aceptadas el 84%.
