Editorial
La impunidad con la que han actuado ciertos políticos a lo largo de los años sigue siendo curiosa para el ciudadano medio, que tras un periodo breve de dos a tres lustros logra ver a esa persona al fin entre rejas. Eso si no logra salir indultado antes de tiempo.
La mala fama de la justicia en este país no es sólo cosa de la prensa, que se encarga en mayor o menor medida de relatar las incongruencias sucedidas, sino que viene directamente implícita a través de nuestra normativa. Con ello, podemos observar a un Consejo General del Poder Judicial elegido por los políticos de turno -cuando les viene bien-, y un fiscal general del Estado que nunca goza de la confianza debida. Y es que tras la dimisión por “motivos personales” de Dolores Delgado, le sigue en el cargo su mano derecha, con la polémica servida sobre la prescripción de los crímenes más horrorosos de la banda terrorista ETA.
Y es que en el caso de que los delitos no prescriban, la justicia puede llegar tarde, pero al final llega. Nos referimos al ‘Caso ERE de Andalucía’ y la condena del Supremo a Chaves y Griñán. El presidente del Gobierno dirá que “pagan justos por pecadores” pero esto no es más que un aviso a navegantes sobre la negligencia con la que se ha gestionado durante años el dinero público. Este es un verdadero varapalo para un Partido Socialista que ve, una vez más, cómo la justicia se reafirma respecto a la gestión de una comunidad autónoma que ha vuelto a apostar por el Partido Popular para otros cuatro años.
Sin embargo, pese a la importante pérdida de capital que ha supuesto el ‘Caso ERE’ para el Estado, los ciudadanos no deben olvidar que el enriquecimiento de los dos expresidentes no ha existido, y no existen libros con cuentas de dinero B, como en otras formaciones políticas.
Son muchos los casos de políticos que se creen dueños de su cortijo y que, con total impunidad, han dejado un verdadero agujero en la hacienda de todos. El último caso conocido: la presidenta del Parlament, Laura Borras, que presuntamente habría formalizado contratos por un valor superior a 250.000 euros. Todo en contratos menores para levantar las mínimas sospechas. Esto ha provocado que la líder de Junts haya tenido que ser apartada, no por decisión propia, de la presidencia.
Casos y casos de corrupción que ven poco a poco la luz, y que componen una perspectiva de julio judicial que deja en muy mal lugar el panorama político que se ha sucedido en los últimos tiempos en España.
La Voz de Medina y Comarca
