Redacción.-
Las microempresas tienen la participación más alta en España tanto en empleo como en generación de valor añadido, pero su baja productividad lastra la productividad media de la economía.
Jordi Solé Tuyá, socio y director ejecutivo de Kreedit, critica las más de 100 regulaciones existentes en España que desalientan el crecimiento de la pequeña y mediana empresa y recuerda que “facilitar el crecimiento de las pymes es una tarea en beneficio de empresas, trabajadores, Gobierno y sociedad”.
La presencia de la pequeña y mediana empresa es cada vez mayor. En España, las compañías con menos de 10 trabajadores tienen una participación elevada en la generación de valor añadido y empleo respecto al resto de la Unión Europea, pero su baja productividad lastra al conjunto de la economía. El último informe de “Crecimiento Empresarial” elaborado por la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) es claro al respecto: entre los empresarios hay vocación de crecer, pero en España hay más de 100 regulaciones que desalientan el crecimiento empresarial.
“Más allá de esas particularidades del tejido empresarial español, las empresas más pequeñas enfrentan, por su propia condición, una serie de mayores dificultades. Por ejemplo, se financian a tipos de interés más caros y tienen menos posibilidades de captar talento o innovar, características que confluyen en una menor resistencia ante las crisis y una vida media más corta. Facilitar el crecimiento de las pymes españolas es una tarea que va en beneficio de todos: empresas, trabajadores, Gobierno y la sociedad”, afirma Jordi Solé Tuyá, socio y director ejecutivo de Kreedit, una de las mayores empresas de financiación de pequeñas y medianas empresas en España.
Salarios bajos, inestabilidad laboral o menor capacidad de exportación e innovación son algunos de los problemas que con los que se encuentran los dueños de pymes en España, un país en el que, pese a constituirse más empresas que en Alemania, Francia o Italia, la esperanza de vida al nacer no alcanza los 11 años; con menos de un 40% de las empresas no llegando ni a los 5 años de vida.
“Si fruto de la eliminación de parte de esta regulación limitadora del crecimiento las empresas españolas consiguiesen alcanzar el tamaño promedio de sus homólogas europeas, se crearían 1,2 millones de empleos, se incrementaría el PIB en un 5,2% y se aumentaría la recaudación de impuestos en más de 20.000 millones de euros”, asegura Solé.
Esta realidad no solo lastra el crecimiento de las pymes, que cada vez son más vulnerables en el entorno europeo, sino que se traslada a la totalidad de la economía española. En octubre, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), se disolvieron 1.760 sociedades mercantiles, un 10,8% más que el mismo periodo del año anterior y un 37,6% más que respecto a septiembre de 2021. Es decir, cada día de octubre 56 empresas cerraron sus puertas.
“Para que la actividad empresarial florezca”, recuerda el experto, “hay que dar libertad a las personas y a las empresas para que innoven y comercien libremente, eliminando trabas burocráticas que provocan un coste mayor que el valor de la seguridad que proporcionan”.
Más regulaciones, trámites y costes que la media europea
“En general, el empresario siempre tiene vocación por hacer crecer su empresa. El hecho de que España tenga empresas que, en promedio, son más pequeñas que en el resto de Europa obedece a cuestiones del entorno y, concretamente, a aspectos regulatorios. El propio FMI ha identificado más de 100 regulaciones que existen en España que dificultan el crecimiento de nuestras empresas. Se trata de una telaraña de normativa que a medida que la empresa va creciendo se la va cargando de nuevas obligaciones de todo tipo. Ello desalienta su crecimiento”, alerta el experto.
Más allá de encontrarse con trabas una vez constituidas, los emprendedores españoles tienen que hacer frente a más trámites y costes que la media europea a la hora de fundar y establecer una empresa. No solo se tardan más días en gestionar todos los trámites -12,5 días hábiles por 4 o 5 en países como Francia o Dinamarca- sino que el capital mínimo inicial es mayor: en España se piden 3.000 euros, equivalentes al 11,6% del ingreso medio por persona, mientras que la media comunitaria es del 8,1% y en casos como Portugal, Bélgica u Holanda no se exige mínimo alguno.
En materia fiscal, la empresa española debe hacer frente a una carga impositiva equivalente al 47% de su beneficio neto antes de impuestos, es decir, 7 puntos porcentuales más que la media europea: “estos gravámenes duplican a los aplicados en Dinamarca o Croacia y resultan al menos un 50% superiores a los que recaen en Irlanda y Reino Unido”.
Pymes, el motor de la economía española
“Toda esta problemática”, continúa Solé, “se ve reflejada en los últimos datos del INE. En octubre, el número de nuevas empresas bajó un 0,6% con relación al mismo mes de 2020, lo que supone el fin a una racha de ocho meses consecutivos con tasas interanuales positivas”.
De cara a revertir esta situación, el Gobierno de España deberá entender el valor de la pequeña y mediana empresa y aumentar su inversión en las mismas, no solo en términos monetarios, sino estimulando su crecimiento con la supresión de umbrales regulatorios o rebajas de la presión tributaria.
“Si se eliminan algunas de estas trabas que limitan el crecimiento de las empresas, contaríamos con empresas de mayor dimensión, que son las que obtienen mayor productividad, perviven más en el tiempo, consiguen mayor rentabilidad, tienen más capacidad de exportar, ofrecen salarios más elevados y mayor estabilidad a sus empleados, tienen mayor capacidad de invertir en I+D y contribuyen más al sostenimiento general del país”, concluye el experto.
