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martes, noviembre 30, 2021

El Procurador del Común entrega el Informe Anual de 2020 con la tramitación de 6.248 quejas

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Redacción.-

Un total de 1807 expedientes estuvieron referidos a la situación provocada por la Covid-21, en gran parte relacionados con la sanidad, la educaciónón y las residencias de mayores. Se dictaron cerca de un millar de resoluciones, con un grado de aceptación del 78,68 % de las recomendaciones dirigidas a las Administraciones.

Toméás Quintana ha hecho entrega del Informe Anual del año 2020 a Luis Fuentes, Presidente de las Cortes de Castilla y León, como trámite previo a la defensa del mismo que tendrá lugar en las próximas semanas ante el Pleno de la Cámara. El informe recoge el trabajo realizado en un año marcado por la pandemia sufrida, situación que ha tenido un extraordinario reflejo en la actividad desarrollada por el Procurador del Común; en el cual la institución ha tramitado de 6.248 quejas a instancia de parte y 94 actuaciones de oficio; habiéndose dictado 966 resoluciones a partir de las quejas recibidas de los ciudadanos, con una aceptación por parte de las administraciones públicas del 78,68 %; en lo referente a las actuaciones de oficio, fueron dictadas 122 resoluciones, las cuales fueron aceptadas casi en su totalidad.

Considerando la procedencia geográfica de los ciudadanos que han presentado las quejas o sus representantes, la provincia de León nuevamente se ha situado en primer lugar, seguida en orden decreciente por las provincias de Burgos, Palencia, Soria, Valladolid, Zamora, Segovia, Ávila y Salamanca.

Con referencia a los tipos de administraciones concernidas por las quejas, en relación con la actuación de la Administración autonómica se recibieron 4.936 quejas, que representan el 79,00% del total. De las actuaciones de las Administraciones locales se recibieron 1.098 quejas, que representan el 16,45% por ciento del total de las recibidas. De ellas, 924 afectaron a Ayuntamientos, 70 a Entidades locales menores, 28 a Diputaciones provinciales, 5 a Mancomunidades y 1 relativa a un ente del sector público local. Por último, de la actuación de la Administración del Estado se recibieron 219 quejas, que fueron trasladadas al Defensor del Pueblo.

Atendiendo a las áreas temáticas en las que se han recibido las quejas, en el área de Sanidad y Consumo se presentaron 2.224, en el área de Educaciónón 1.826, en el área de Familia, Igualdad de Oportunidades y Juventud 468, en el área de Empleo Público 397, en el área de Administración local 388, en el área de Hacienda 215, en el área de Medio Ambiente 207, en el área de Fomento 197, en el área de Industria, Comercio, Empleo, Seguridad Social y Prestaciones 127, en el área de Interior y Movimientos Migratorios 82, en el área de Cultura, Turismo y Deportes 48, en el área de Justicia 42, y en el área de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural 27 quejas.

Debido a que una parte importante de la actividad desarrollada durante 2020 por la Defensoría ha estado relacionada con la situación provocada por la pandemia ocasionada por la Covid-19, el Informe correspondiente a ese ejercicio refleja esa actividad de forma particularizada; de manera que del total de las 6.248 quejas recibidas en 2020, 1.766 estuvieron relacionadas con la crisis sanitaria provocada por el virus, lo que representa el 28,27% del total de las quejas presentadas. En lo referente a las actuaciones de oficio, de las 94 iniciadas en 2020, 41 lo fueron sobre cuestiones relativas a la pandemia, lo que representa el 43,62%.

Consecuentemente, del total de los 6.342 expedientes tramitados, 1.807 lo han sido sobre temas relacionados con el SARS-Cov-2; expedientes que se derivaban, en concreto, de las 1.766 quejas relacionadas con la Covid-19 (destacadamente, en materia de sanidad 702; en materia de educaciónón 456 y en materia de Familia e Igualdad de Oportunidades 337, incluyendo en estas últimas todas las quejas relacionadas con el funcionamiento de las residencias de mayores y de personas con discapacidad). Por otro lado, de las 41 actuaciones de oficio iniciadas con relación a la Covid-19, 18 de ellas se dirigieron a entidades locales y 2 a las Universidades públicas; el resto a la Administración autonómica; y, en particular, a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 6, a la Consejería de Sanidad 5, a Consejería de Educaciónón 5, a la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior 3, a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente 1, y a la Consejería de Empleo e Industria, 1.

Más allá de las 6.248 quejas que ha recibido el Procurador del Común, tanto en asuntos relacionados con la Covid-19 como otros ajenos a la crisis sanitaria, en 2020 la Institución ha intensificado la realización de actuaciones de oficio, mediante la iniciación de 94 expedientes. Así, en materias que no tienen relación directa con la pandemia sufrida, por ejemplo, se ha tratado: la brecha digital que sufren muchas personas que residen en el medio rural, la protección de los elementos más significativos de la arquitectura popular, la promoción de los puntos de recarga de vehículos eléctricos en el medio rural, las dificultades para cubrir los puestos de secretario municipal en muchos pueblos de la Comunidad, la prestación del servicio público de salud en los municipios rurales, todas ellas actuaciones de oficio que evidencian el compromiso de la Institución con las personas que residen en el medio rural de la Comunidad.

En asuntos directamente relacionados con la crisis producida por la pandemia, la Institución ha promovido actuaciones principalmente en materia sanitaria, educaciónón y servicios sociales; así, a partir de mediados del mes de marzo, mediante las correspondientes actuaciones de oficio se abordaron problemas como: la falta de medios de protección frente al contagio que afectaba al personal sanitario y otros colectivos al inicio de la crisis sanitaria; la atención sanitaria y sociaosanitaria dispensada a los enfermos de Covid-19 en las residencias de mayores y de personas con discapacidad (separación de personas enfermas y sanas, comunicación con familiares, aislamiento de los residentes, derivación a hospitales; los criterios utilizados para la prestación del servicio sanitario en los hospitales (triaje). Se abordó también la situación de los alumnos de cualquier ciclo formativo en la situación de confinamiento, así como, después, las cuestiones que suscitaba el inicio del curso escolar. Además se realizaron numerosas actuaciones de oficio tras el primer periodo de estado de alarma y sus prórrogas, como las relativas a la ordenación de la ocupación del espacio público con veladores, con la eliminación o reducción de la tasa por la ocupación de dicho espacio por terrazas para ayudar al sector hostelero.

También se pidió a los municipios de ciertas dimensiones que ordenaran la actividad de los mercados tradicionales en espacios abiertos y al aire libre para garantizar la seguridad de los clientes y comerciantes. En fin, se estudió la recogida y tratamiento de residuos urbanos, al constituir una posible fuente de contagio, sobre todo en aquellos municipios, que son varios cientos en la Comunidad, en los que se localizan residencias de mayores, entre otras muchas actuaciones de oficio promovidas.

Por su parte, el presidente de las Cortes de Castilla y León, Luis Fuentes, ha reconocido la labor del Procurador del Común en este año “tan duro”, marcado por los efectos de la pandemia. El máximo representante del legislativo se ha interesado por las cuestiones que están relacionadas con el ámbito de la Sanidad y las residencias. También ha comprometido todo su apoyo a la institución “como garante de los derechos más fundamentales de los castellanos y leoneses.

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