Redacción. Desde el Consejo General de APIS, que representa a 46 colegios de toda Españaña y a unos 10.000 agentes, se ha manifestado una profunda preocupación por las Últimas medidas adoptadas por el Gobierno Nacional en el Bolet?n Oficial 336/2020 publicado el sábado pasado, puesto que -pese a los desmentidos realizados por parte del Gobierno-, tras realizar un an?lisis exhaustivo de la norma han llegado a la conclusi?n de que??s? se abre la puerta a afectar viviendas de titularidad privada y eso s?lo puede hacerse a trav?s de procesos expropiatorios?.
As? lo afirma Gerard Duelo, presidente del Consejo General de los APIS, y aclara que la normativa??incide de forma directa en el derecho a la propiedad privada y no se describe cu?l es la vinculaci?n de la crisis sanitaria con el colectivo de destinatarios del programa de ayudas. M?s bien parece que desde el Gobierno se está utilizando el estado de alarma para legislar, por medio de una norma de rango normativo inapropiado, sobre materias en las que no deber?an hacerlo al afectar a un derecho fundamental como es el derecho a la propiedad privada protegido en el art?culo 33.1 y que llevan a dudar de la constitucionalidad de la medida?.
La aparente habilitaci?n que el Real Decreto-Ley otorga a la norma ministerial para adoptar medidas que afectan de forma clara a un derecho fundamental??resulta insuficiente para salvar ?la inconstitucionalidad que se aprecia y, por otro lado, se escapa claramente a la finalidad del propio Decreto-Ley, que no es otro que abordar las necesidades surgidas como consecuencia directa del COVID-19 y no otras realidades sin duda necesitadas tambi?n de protecci?n?,?advierte.
As? ha reaccionado el Consejo General de APIS despu?s de que el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana haya aclarado que el nuevo programa de ayudas aAl alquiler a las víctimas de violencia de g?nero y personas desahuciadas ?no permite la expropiaci?n de viviendas ni de segundas residencias?.
Sin embargo, el decreto expresamente indica lo siguiente:
?Las comunidades aut?nomas y las ciudades de Ceuta y de Melilla pondr?n a disposición de la persona beneficiaria una vivienda de titularidad pública, o que haya sido cedida para su uso a una administraci?n pública, aunque mantenga la titularidad privada, adecuada a sus circunstancias en t?rminos de tamaño, servicios y localizaci?n, para ser ocupada en r?gimen de alquiler, de cesi?n de uso, o en cualquier r?gimen de ocupación temporal admitido en derecho. Cuando no se disponga de este tipo de vivienda, la ayuda podr? aplicarse sobre una vivienda adecuada, de titularidad privada o sobre cualquier alojamiento o dotaci?n residencial susceptible de ser ocupada por las personas beneficiarias, en los mismos reg?menes?.
La orden ministerial tiene como finalidad desplegar los art?culos 10, 11 y 12 del Real Decreto-Ley?11/2020, de?31 de marzo (RDL?11/2020), por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ?mbito social y económico para hacer frente al COVID-19 y as? se indica en su pre?mbulo.??Sin embargo la realidad es que incorpora medidas que se escapan a las consecuencias directas de la crisis del?COVID-19?, alerta Gerard Duelo.
