Redacción.- La Conferencia Sectorial de Igualdad celebrada el pasado miércoles en Madrid ha abordado el reparto de los fondos estatales de ayuda a las comunidades aut?nomas para la lucha contra la violencia de g?nero: los fondos procedentes del Pacto de Estado y los fondos habituales para programas en esta materia.
Castilla y León fue una comunidad muy activa en la gestación del Pacto de Estado contra la Violencia de G?nero al aportar 23 medidas que se incorporaron, además de conseguir que el presupuesto se distribuya en relaci?n a los criterios propuestos por Castilla y León teniendo en cuenta para ello la dispersi?n geogr?fica y poblacional, el entorno rural o el envejecimiento de la población. Ahora, tambi?n ha sido una de las comunidades que ha conseguido ejecutar en su totalidad los fondos procedentes de este Pacto, a pesar del escaso margen que el Gobierno ha dado a las comunidades aut?nomas por la tardanza del Último ejercicio a la hora de habilitar estos fondos. Para este nuevo ejercicio de 2019, el Estado distribuye 100 millones de euros procedentes del Pacto de Estado y Castilla y León ha conseguido 7,44 millones de euros.
Con estos fondos, la Comunidad no solo ha sido capaz de mantener los servicios y programas que ven?a desarrollando sino que se han puesto en marcha, en el Último año, actuaciones novedosas como el desarrollo en Castilla y León de diez nuevas prestaciones para víctimas de violencia de g?nero incorporadas en el cat?logo de servicios sociales; se ha regulado normativamente la Red de centros y casas de acogida para víctimas; el desarrollo de un sistema único de información en los Servicios Sociales ha posibilitado que los profesionales hayan generado más de 2.000 informes activos de violencia de g?nero que están tambi?n a disposición de justicia, fiscal?a y policía local. A esto se suma que se han firmado 24 acuerdos de colaboraci?n, se ha desarrollado una decena de procedimientos de actuaci?n, se han elaborado siete gu?as y manuales y se ha puesto en marcha un plan de formación especializado en violencia de g?nero para llegar a 35.000 profesionales en la materia.
Junto a los fondos procedentes del Pacto de Estado, otro de los aspectos tratados en la Conferencia Sectorial de Igualdad ha sido el habitual reparto y la distribuci?n anual entre las comunidades aut?nomas y ciudades con Estatuto de autonom?a del cr?dito para el desarrollo de algunos programas y servicios que son habituales en los Últimos años y que están destinadas a la mejora de la coordinaci?n y planes personalizados de atenci?n a las víctimas de violencia de g?nero, a la asistencia social integral de las víctimas de violencia de g?nero y a la atenci?n especializada a menores expuestos a violencia de g?nero. El Gobierno va a destinar, en 2019, a apoyar y cofinanciar estos programas 9,5 millones de euros, de los que 586.664 corresponden a Castilla y León.
Todas estas cantidades, los 7,44 millones del Pacto de Estado y los 586.664 euros de cr?ditos para programas habituales, suponen un complemento a las inversiones de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades en estas materias en la Comunidad destinando al año más de 4,6 millones de euros para desarrollar y consolidar las actuaciones y medidas del modelo de atenci?n integral a víctimas ?Objetivo Violencia Cero?.
Acreditaci?n de la situación de violencia de g?nero
Otro de los aspectos tratados en la reunión de la Conferencia Sectorial de Igualdad ha sido la acreditaci?n de la situación de violencia de g?nero. En este aspecto, se ha recordado que Castilla y León fue pionera en esta materia y, desde 2018, aplica de forma efectiva esta acreditaci?n en la Comunidad. La Ley de violencia de g?nero de Castilla y León sirvi? como referencia en esta materia durante la negociaci?n del Pacto de Estado puesto que era más flexible en cuanto a los t?tulos de acreditaci?n de la violencia de g?nero y en ella tambi?n aparece la acreditaci?n de la situación de violencia de g?nero por los servicios sociales. En esta materia, se considera que desde el Gobierno se han dado pasos que aparecen recogidos en el Pacto de Estado pero que es necesario profundizar en los procedimientos de esa acreditaci?n nacional para su efectiva aplicaci?n por los profesionales de servicios sociales de Castilla y León
