La Junta de Castilla y León ha reclamado al Gobierno de España que mantenga el carácter nacional de los cuerpos de funcionarios de habilitación nacional de la Administración Local —secretarios, interventores y tesoreros— y ha solicitado, además, la creación de un estatuto específico para los pequeños municipios que adapte sus obligaciones administrativas a su capacidad organizativa y técnica. La petición ha sido realizada por el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, durante la inauguración en Valladolid del Congreso Nacional del Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (COSITAL), donde ha advertido de las dificultades estructurales que afrontan especialmente comunidades como Castilla y León debido a su elevada fragmentación municipal y a su amplia red de entidades locales.
En este contexto, el consejero ha defendido la necesidad de preservar la unidad del sistema de habilitación nacional al considerar que «garantiza la profesionalidad, la independencia y el control en la gestión local», al tiempo que ha expresado su preocupación por los procesos de delegación de competencias en esta materia a comunidades autónomas como Cataluña y País Vasco, al entender que podrían generar diferencias entre territorios dentro de un modelo hasta ahora común en toda España.
Asimismo, González Gago ha subrayado que cualquier cambio que pueda suponer una fragmentación del sistema «merece una reflexión» y ha insistido en la importancia de mantener estándares homogéneos en todo el territorio nacional. En este sentido, ha recordado que Castilla y León cuenta con 2.248 municipios, una cuarta parte de los existentes en España, además de más de 2.200 entidades locales menores, nueve diputaciones provinciales, una comarca y 240 mancomunidades, lo que, según ha explicado, dificulta especialmente la cobertura de puestos de habilitación nacional en el territorio. Así, ha reclamado al Estado un impulso a las becas para opositores, medidas de incentivación para el acceso a estos cuerpos y una agilización de los procesos selectivos, así como un refuerzo del turno libre para facilitar la incorporación de nuevos profesionales.
El consejero también ha abordado el proceso de estabilización del personal interino derivado de la normativa de 2021, que ha calificado de mejorable tanto en su diseño como en su aplicación, advirtiendo de posibles consecuencias jurídicas y económicas para las entidades locales. Además, ha insistido en la necesidad de aprobar un estatuto básico para los pequeños municipios que permita flexibilizar las exigencias jurídicas, económicas, presupuestarias y contables, al considerar que no es posible aplicar a ayuntamientos de reducida dimensión las mismas cargas administrativas que a administraciones de mayor tamaño. Frente a estas dificultades, la Junta ha puesto en valor su compromiso con el municipalismo y ha destacado la bolsa autonómica de secretarios-interventores interinos, que actualmente da servicio a más de 1.000 entidades locales de Castilla y León.
De igual modo, ha señalado la formación específica de estos profesionales a través de la Escuela de Administración Pública de la Comunidad y la colaboración con la Federación Regional de Municipios y Provincias, así como de los instrumentos de cooperación económica local y el refuerzo de los servicios de asistencia a municipios de las diputaciones provinciales. Por último, el Ejecutivo autonómico ha destacado su estrategia de simplificación administrativa orientada a reducir cargas burocráticas y evitar duplicidades en la documentación exigida a los ayuntamientos, mientras el consejero ha concluido su intervención agradeciendo a COSITAL la organización del congreso en Valladolid y subrayando la importancia del debate sobre la cohesión territorial y la mejora de la administración local.
