Editorial-. España vuelve a mirarse en el espejo incómodo de la corrupción. Y lo hace, una vez más, con los dos grandes partidos del país sentados —directa o indirectamente— en el banquillo de los tribunales. No es una metáfora exagerada: 2026 ha arrancado con dos procesos judiciales de enorme calado que afectan al Partido Popular y al Partido Socialista, reabriendo una herida que nunca termina de cicatrizar.
Por un lado, el llamado caso Koldo sacude al PSOE. La presunta trama de comisiones ilegales en contratos de mascarillas durante la pandemia ha colocado en el foco a figuras relevantes del entorno socialista, incluido el exministro José Luis Ábalos. Por otro, el caso Kitchen devuelve al PP a su pasado más oscuro: una operación parapolicial para espiar a Luis Bárcenas y recuperar material comprometedor que podría afectar al partido.
No hablamos de episodios aislados ni de anécdotas judiciales. Hablamos de dos modelos de poder que, en momentos distintos, parecen haber entendido la gestión pública como una oportunidad para el abuso. Y lo más preocupante no es solo lo que ocurrió, sino lo que está ocurriendo ahora: la incapacidad de la política española para elevar el debate por encima del “y tú más”.
Porque eso es exactamente lo que estamos viendo. Mientras los tribunales investigan y juzgan, los partidos se enzarzan en una competición estéril por demostrar quién ha robado menos, quién tiene el escándalo menos grave o quién puede señalar con más fuerza al adversario. La corrupción ha dejado de ser un problema a erradicar para convertirse en un arma arrojadiza.
El resultado es desolador. La ciudadanía asiste a un espectáculo en el que la ética pública queda relegada a un segundo plano, sustituida por una lógica de desgaste político. No se trata de asumir responsabilidades, ni de depurar conductas, ni de reforzar las instituciones. Se trata de resistir, de aguantar, de sobrevivir al siguiente titular.
Mientras tanto, las revelaciones en los juicios siguen alimentando la desconfianza. Testimonios sobre operaciones policiales sin control judicial en el entorno del PP o acusaciones sin pruebas en el marco del caso Koldo que elevan el ruido político no hacen sino aumentar la sensación de deterioro institucional.
España no necesita partidos que compitan por ser “los menos corruptos”. Necesita partidos que aspiren a no serlo en absoluto. Y, sobre todo, necesita una clase política que entienda que la corrupción no es un argumento de campaña, sino una línea roja democrática.
Porque cuando el debate público se degrada hasta ese punto, ya no pierde un partido u otro. Pierde el conjunto del sistema. Y, con él, la confianza de los ciudadanos.
Y esa, a diferencia de cualquier elección, es mucho más difícil de recuperar.
Y el papel de la etica de los medios de comunicación, periodistas y dueños de estos medios que luchan por seguir chupando de la teta del estado mirando a otro lado y defendiendo lo indefendible.
Esto no solo sucede en grandes medios a nivel local también. ¿Puedes Cuevas tirar la primera piedra?