La Audiencia Provincial de Valladolid ha dictado sentencia el martes 28 de abril de 2026 en un caso de estafa vinculada a inversiones en criptomonedas, imponiendo una pena de dos años de prisión a una persona considerada cooperadora necesaria en el fraude.
Los hechos probados sitúan el origen de la estafa en junio de 2023, cuando la víctima, interesada en invertir en criptomonedas, fue captada por un supuesto asesor que simulaba operar para una empresa del sector. Bajo esa apariencia, se le indujo a realizar varias transferencias bancarias con la promesa de obtener beneficios en mercados internacionales.
En un primer momento, la víctima efectuó dos ingresos de 15.000 euros cada uno. Posteriormente, mediante el uso de una aplicación de control remoto instalada en su teléfono móvil, se realizaron nuevas operaciones sin su intervención directa, elevando el total defraudado hasta los 90.945 euros.
El dinero fue canalizado a través de cuentas bancarias cuyo titular era la persona condenada, que permitió su utilización para recibir los fondos y facilitar su posterior traslado a otras cuentas, algunas radicadas en el extranjero. Parte de esas cantidades fueron además utilizadas para gastos personales, según recoge la resolución judicial.
El tribunal considera acreditado que esta colaboración resultó imprescindible para ejecutar el engaño, al servir de soporte para el desplazamiento del dinero, elemento clave en este tipo de delitos. Por ello, la sentencia concluye que existió una participación consciente, al menos en forma de aceptación del riesgo, en una operativa fraudulenta que se prolongó durante varias semanas.
Además de la pena de prisión, la resolución establece una multa de seis meses y la obligación de indemnizar a la víctima con la totalidad del dinero defraudado, cantidad que no ha sido recuperada.
