El Gobierno de España ha dado un nuevo paso en la lucha contra la violencia machista tras aprobar el envío a las Cortes Generales del XVIII Informe Anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, un documento que refleja el incremento de las ayudas económicas y dibuja un panorama marcado por la persistencia de la violencia contra las mujeres.
El informe, elevado por el Ministerio de Igualdad el 21 de abril de 2026, recoge que entre 2006 y 2024 se concedieron un total de 14.458 ayudas económicas a mujeres víctimas de violencia en la pareja o expareja. Solo en 2024 se alcanzó el dato más alto de toda la serie histórica, con 1.697 prestaciones otorgadas.
El documento también evidencia la dimensión estructural de la violencia sexual, al señalar que el 85,7 % de las victimizaciones por delitos contra la libertad e indemnidad sexual registradas en 2024 tuvieron como víctimas a mujeres. Dentro de este ámbito, la agresión sexual se mantiene como el delito más frecuente, con un 62,7 % del total.
En cuanto a las consecuencias más graves, el informe contabiliza 49 víctimas mortales por violencia de género en 2024, una cifra inferior a las 58 registradas en 2023 y que supone el dato más bajo desde que existen registros.
El análisis incluye además indicadores relacionados con la inserción laboral y el ámbito judicial. Desde 2003 y hasta finales de 2024 se formalizaron 13.979 contratos bonificados dirigidos a mujeres víctimas de violencia en la pareja o expareja, violencia doméstica o sexual, de los cuales 405 corresponden al último ejercicio. A estos se suman 4.998 contratos de sustitución, con 277 registrados en 2024.
En el ámbito penitenciario, a 31 de diciembre de 2024 había 7.777 personas cumpliendo condena por delitos relacionados con la violencia en la pareja o expareja, sin contabilizar los centros de Cataluña. Además, durante ese año se tramitaron 40.685 mandamientos de penas y medidas alternativas a la prisión.
Con la remisión de este informe, el Ejecutivo subraya su compromiso con la transparencia y con el refuerzo de las políticas públicas destinadas a combatir las violencias machistas, apoyándose en datos que permiten evaluar la evolución del fenómeno y orientar futuras actuaciones.
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