La Junta de Castilla y León ha trasladado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la postura común de la Comunidad ante la futura negociación de la Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2028-2034, en la que defiende un marco homogéneo a nivel europeo que garantice la igualdad en el acceso a las ayudas directas.
La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, ha expuesto esta posición durante las reuniones telemáticas del Consejo Consultivo para Asuntos Comunitarios y de la Conferencia Sectorial, en las que participan el Ministerio y las comunidades autónomas para avanzar en el diseño del futuro plan nacional de la PAC. Así, Castilla y León defiende la declaración institucional firmada en mayo del pasado año con las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAs), a la que posteriormente se han sumado otras entidades del sector como Urcacyl, Vitartis o Ferduero. Este documento recoge las principales líneas de defensa del modelo agrario de la Comunidad de cara a la próxima reforma.
Entre los aspectos destacados, la Junta ha reiterado su rechazo a la aplicación de criterios de degresividad en las ayudas, al considerar que podrían perjudicar a las explotaciones profesionales de mayor tamaño, predominantes en Castilla y León y con un peso «significativo» en el conjunto nacional y europeo. Asimismo, González Corral ha insistido en la necesidad de establecer normas comunes dentro de la Unión Europea que «eviten diferencias» entre los Estados miembros en la concesión de ayudas, con el objetivo de garantizar condiciones «equitativas para todos los agricultores y ganaderos».
Durante el encuentro también se ha abordado el calendario de trabajo para la elaboración de la futura PAC, que avanzará en las próximas semanas con la creación de grupos técnicos entre el Ministerio y las comunidades autónomas, una vez que se defina el Marco Financiero Plurianual en el ámbito europeo.
Por otro lado, la Conferencia Sectorial ha aprobado el reparto territorial de diversos fondos por un importe total de 226 millones de euros, de los cuales 31,5 millones corresponden a Castilla y León, lo que representa el 14% del total y la sitúa como la comunidad con mayor asignación. Estas partidas se destinarán, entre otros programas, al reparto de leche, fruta y hortalizas en centros escolares, a la mejora de la calidad de las variedades vegetales, al fomento de razas autóctonas, al control del rendimiento lechero, al apoyo a la apicultura y a iniciativas de desarrollo rural.
